Aborto, eutanasia, ley Celaá o su propia renovación, tareas pendientes del Constitucional
El nuevo tribunal debe resolver impugnaciones de gran calado político aplazadas por el retraso en su renovación.
El nuevo Tribunal Constitucional, de composición netamente progresista, deberá pronunciarse en los próximos meses sobre varios asuntos de gran calado político que le deja a modo de herencia la anterior mayoría conservadora. Con cuatro de sus miembros con el mandato caducado, el aún presidente Pedro González-Trevijano -uno de los magistrados en ser relevado- optó por esperar a que la corte de garantías se renovase para abordar los temas más espinosos. Y es que la estrategia durante los últimos cuatro años de PP y Vox de acudir al TC tras cada aprobación de las principales leyes del Gobierno de coalición ha amontonado un sinfín de carpetas con recursos por resolver.
2010. Ley del aborto
Doce años después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley del aborto de 2010 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Constitucional sigue sin pronunciarse. El PP recurrió entonces varios artículos de la norma. En concreto, que se pueda interrumpir la gestación hasta las 14 semanas -22 por causas médicas- o que las menores de más de 16 años no necesiten el consentimiento de uno de sus progenitores para el aborto. El ponente de la resolución pendiente es el conservador Enrique Arnaldo. En cualquier caso, y ante un posible revés, el Gobierno ha promovido ya otra ley para atar "el derecho al aborto". Dos diputados del PP y una de Vox se han dirigido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar la tardanza del Constitucional en pronunciarse.
2020. La última reforma educativa
La Lomloe -conocida por el nombre de la exministra socialista de Educación, Isabel Celaá- también ha motivado sendos recursos ante el Constitucional por parte de PP y Vox. Ambas formaciones argumentan que la reforma educativa vulnera la Carta Magna en cuestiones como la enseñanza de religión, el castellano como lengua vehicular en Cataluña o el derecho de elección de los padres a matricular a sus hijos en centros concertados.
2021. Ley de eutanasia
El PP y Vox recurrieron la norma que regula las condiciones para poder decidir sobre cómo morir, ratificada por las Cortes en marzo de 2021 por una amplia mayoría. Los populares sostienen que el artículo 15 de la Constitución establece que "todos (los ciudadanos) tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes". Vox coincide en que "hay una clarísima colisión de la ley de eutanasia con el derecho fundamental de la vida".
2021. El acta de Alberto Rodríguez
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, retiró el acta de diputado a Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación por dar una patada a un policía durante una manifestación. Rodríguez, ex número tres de Podemos, recurrió al Constitucional al considerar que se vulneró su derecho a un juez imparcial y que Batet le retiró el acta de forma unilateral sin la aprobación del pleno de la Cámara baja.
2022. Casero y la reforma laboral
El pasado febrero la reforma laboral del Gobierno salió adelante por la mínima gracias a un error en el voto telemático del diputado del PP Alberto Casero. Aunque los populares se apercibieron del fallo antes del que el pleno de la Cámara baja se pronunciase, Batet rechazó autorizar una nueva votación de Casero. De nuevo PP y Vox coincidieron en presentar sendos recursos. Para los populares se conculcó el derecho a voto de su diputado, que avisó con "carácter previo" de su error. Vox argumenta que "se hurtó la voluntad popular". El Constitucional debe decidir si se debería haber repetido o no el refrendo de una de las medidas estrella del Gobierno esta legislatura.
2022. El castellano en las aulas
PP, Ciudadanos y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña presentaron distintos recursos ante la violación de la ley que obliga a que un 25% de la educación se imparta en castellano en esta comunidad autónoma. La Generalitat ha esquivado la norma hasta ahora. El Gobierno que preside Pere Aragonès (ERC) aprobó en mayo un decreto -respaldado después en el Parlament por PSC, Esquerra, Junts y los comunes- que establece que no se pueden aplicar porcentajes en el uso de lenguas y reafirma el catalán como lengua vehicular.
2022. La renovación del TC
El nuevo Constitucional tendrá que resolver sobre algo tan delicado como su propio proceso de renovación tras haber suspendido la última reforma exprés del Gobierno. El PP tiene recurridas las dos anteriores por las que el Ejecutivo despojó, primero, al Consejo del Poder Judicial interino de su capacidad para nombrar y luego se la devolvió pero limitándola a las vacantes en el TC.
