Quince personas han muerto este año en detenciones de Policía y Guardia Civil

Fue el pasado 12 de septiembre. Y el caso copó portadas, informativos y comentarios en las redes sociales porque, esta vez sí, había imágenes de lo sucedido. En la grabación se veía cómo dos agentes de la Guardia Civil reducían en el suelo a Carlos, de 37 años, en Mairena del Aljarafe (Sevilla). Según la información oficial, los funcionarios habían sido requeridos por su propia familia ante la actitud violenta del individuo. El sospechoso recibió a los agentes lanzándole dos martillos. "Durante las maniobras de reducción, éste perdió el conocimiento. Los agentes realizaron maniobras de reanimación a la vez que solicitaron asistencia sanitaria". Carlos murió una semana después en el hospital.

El propio padre del detenido grabó y posteriormente distribuyó en Twitter las imágenes del arresto de su hijo (al que se le escucha respirar con dificultad) para denunciar la supuesta "brutalidad" de los funcionarios. Los sucesos todavía están siendo investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, aunque el Ministerio del Interior ya los ha clasificado como "muerte natural". O lo que es lo mismo, desvincula totalmente la actuación de los agentes del fallecimiento.

Así consta en el informe que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha remitido al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que, a raíz de la polémica por la muerte en Mairena, reclamó a Interior el listado de todas las muertes violentas durante arrestos llevados a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado desde la llegada de la democracia. El ministerio no ha llegado tan lejos en su dossier y solo ha facilitado datos desde abril de abril de 2015 hasta noviembre de este año.

Pero, pese a acotar el periodo, es la primera vez que Interior hace públicas estadísticas oficiales sobre esos fallecimientos durante las "maniobras de detención" de sospechosos, un asunto que en España permanecía en una nebulosa a pesar de que estos casos están en el centro del debate internacional desde la muerte del afroamericano George Floyd en Mineápolis, que falleció en mayo de 2020 asfixiado durante un arresto mientras un agente le presionaba el cuello con la rodilla.

Pues bien, los datos del ministerio revelan que en España los casos de muertes durante detenciones de Policía y Guardia Civil no solo no son excepcionales sino que viven un importante repunte. En los últimos siete años y medio se han registrado 59 fallecimientos durante "reducciones". O lo que es lo mismo, una muerte cada 47 días. Y 2022, a falta todavía de computar en las tablas los últimos 40 días del año, está siendo récord absoluto en muertes. Este año se han registrado 15 fallecimientos durante intervenciones de los agentes del Ministerio del Interior, más del doble que durante los doce meses de 2021 cuando se registraron 7. Las cifras de este año, a falta todavía de más de un mes, también están muy por encima de los 9 decesos de 2020, los 7 de 2019, los 5 de 2017, los 5 de 2016 o los 5 de los ocho meses de 2015 que incluye en el informe.

Cinco desde septiembre

El repunte de muertos durante las detenciones este año es tal que después del famoso y polémico caso Mairena del Aljarafe en septiembre todavía se han registrado otras cinco muertes en poco más de dos meses en Baleares, Cádiz, Ciudad Real, Madrid y Málaga.

A pesar de que en algunos de los casos recogidos en estas estadísticas inéditas se condenó a los agentes, en otros se consideró probado que se actuación no fue legal e, incluso, algunos siguen bajo investigación, el Ministerio del Interior en sus dossier no reconoce expresamente la responsabilidad de sus funcionarios en ninguna de las 59 muertes.

Según el informe, el "motivo" del fallecimiento en el 40% de los casos (24 decesos) fue lo que Interior califica como "muerte natural". En otros 7% de los fallecimientos (4 óbitos) el "motivo" fue el "suicidio". Según el departamento que dirige Marlaska, el resto de los decesos, 31 fallecimientos (el 53% del total), fueron "muertes accidentales", en las que, en cualquier caso, no se reconoce la responsabilidad de los agentes en las breves explicaciones ("circunstancias") que acompañan cada episodio.