El Gobierno admite que no sabe qué efectos jurídicos tendrá la nueva malversación
La advertencia de los fiscales sobre un goteo de rebajas de pena en casos de corrupción acrecienta el malestar y los temores en el PSOE.
De poco han servido las llamadas efectuadas el viernes de la semana pasada por la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, a los líderes territoriales del partido o el intento de amortiguar el malestar interno generado por una rebaja de la malversación hecha a la medida de Esquerra con la creación, en paralelo, de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito. Unos lo manifiestan en público y otros no, pero quienes ya hace días expresaron sus recelos a la decisión tomada por su jefe de filas casi en solitario (se cuentan con los dedos de la mano el número de personas que sabían de la determinación de Pedro Sánchez) siguen enormemente contrariados.
El temor a que el asunto acabe contaminando la campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo es ahora elevado. Y más después de que los fiscales hayan empezado a advertir de que, como con la Ley del 'solo sí es sí', se avecina un goteo de revisiones de penas a la baja que podrían afectar a casos de corrupción tan sonados como el de 'la Kitchen', la operación supuestamente orquestada desde el Ministerio del Interior del popular Jorge Fernández Díaz para sustraer información sensible del extesorero de su partido, Luis Bárcenas, o el 'caso Lezo', que investiga el desvío de fondos en la gestión del Canal de Isabel II por parte de altos cargos del PP madrileño.
Aunque oficialmente lo niegan, fuentes del Gobierno y de la ejecutiva del PSOE admiten que ese efecto no es descartable. Es más, en el Ejecutivo, como en Esquerra, reconocen que incluso es difícil saber cuál será el impacto exacto de la reforma, tramitada en un tiempo récord y sin apenas debate, sobre los implicados en el 'procés', a los que iba destinada. Es decir, admiten que el coste asumido ante su electorado, en pro de la "convivencia" y la "desinflamación del conflicto catalán", puede haber sido en vano.
"No sabemos si los jueces van a decidir, como dice Esquerra, que los hechos del 'procés' no encajan en la nueva definición de la malversación, si van a considerar que entran en el nuevo artículo 433 [que contempla una horquilla de penas muy inferior a las vigentes tanto en años de cárcel como de inhabilitación] -confiesa una ministra- o incluso si entenderán que sí se produjo un lucro de terceros [un supuesto para el que la reforma en tramitación no rebaja las penas]".
"Ataque a la Constitución"
No ayuda tampoco a calmar los ánimos el hecho de que Esquerra insista en que el siguiente paso en la negociación será la celebración de un referéndum de autodeterminación. El martes fue el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, el que puso en duda que Sánchez no vaya a franquear ese límite después de lo que ya ha hecho con la sedición y la malversación ("no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena", recriminó) y hoy, el presidente de Aragón, Javier Lambán, defendió que, con esa "hoja de ruta" sobre la mesa, el Estado no debería "desarmarse frente a los intentos independentistas" sino todo lo contrario y que lejos de aminorarse las penas para quienes malversan con el fin de "atacar la Constitución", deberían agravarse.
Hace días, otros barones menos distanciados de la visión que Sánchez tiene sobre Cataluña como el presidente valenciano Ximo Puig, o habitualmente más conformes con sus decisiones, como el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, o el de los castellanoleoneses, Luis Tudanca, también dejaron claro que no apoyaban la idea de tocar a la baja un delito relacionado con la corrupción, contra la que el PSOE hace bandera. Tanto es así que los primeros pactos con el independentismo, los que hicieron triunfar la moción de censura contra Mariano Rajoy, se dieron por buenos internamente precisamente porque se aceptó que eran un mal necesario para dar respuesta a la sentencia del caso Gürtel que condenó a cargos públicos y orgánicos del PP, y a la propia organización política como responsable a título lucrativo.
