La proposición de ley que en noviembre presentaron Unidas Podemos y el PSOE para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados incluía iniciativas de diverso cariz: desde una nueva modalidad delictiva para castigar la ocultación de un cadáver hasta la exención de responsabilidad criminal para los gestores de empresas que hubieran incurrido en prácticas contra la libre competencia o que hubieran detraído del mercado productos de primera necesidad para alterar sus precios siempre y cuando cooperaran con las autoridades. Las enmiendas a esa proposición de ley, cuyo plazo de presentación concluía ayer, también son de diverso espectro.

Malversación y enriquecimiento ilícito

Las enmiendas que mayor expectación suscitaban versan sobre el delito de malversación. La propuesta de ERC supone la creación de un nuevo tipo dentro de este delito con objeto de castigar con menos cárcel -una pena de entre seis meses y tres años de prisión- a quienes malversen dinero público sin ánimo de lucro personal. Para los republicanos, el puro delito de malversación exige el ánimo de lucro y, según su texto, se mantendría el castigo asociado con entre dos y seis años de prisión e inhabilitación de entre seis y diez años, condenas que aumentarían con el volumen de lo desviado.

Unidas Podemos y el PSOE, por su parte, abogan por la introducción de un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, en virtud del que los cargos públicos que registren un incremento de patrimonio o cancelen deudas por encima de los 250.000 euros sobre sus ingresos acreditados durante el ejercicio del cargo y hasta cinco años después de abandonarlo tendrán la obligación de justificarlo. De no hacerlo, podrán aplicárseles penas de prisión de entre seis meses y tres años, además de afrontar la inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas por un monto de hasta tres veces el beneficio obtenido.

Desbloqueo de la justicia

Unidas Podemos y el PSOE registraron dos enmiendas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC). La primera implica que si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no cumple con el mandato de renovación sus magistrados del TC en el plazo de tres meses a partir del día siguiente al vencimiento del mandato anterior, se aplicará una alternativa: al día siguiente tras los tres meses, se adoptará un acuerdo para iniciar el proceso de nombramiento de los nuevos magistrados; a partir de ahí, en un plazo de cinco días, los vocales presentarán sus propuestas -un nombre por vocal-; en tres días se convocará un pleno para la votación que se celebrará en un plazo de otros tres días; la elección tendrá lugar por mayoría simple -y no de tres quintos, que rige de cumplirse el trámite ordinario-.

La segunda enmienda establece que, si los magistrados propuestos por el CGPJ y por el Gobierno se renuevan cada nueve años, si transcurrido ese plazo más los tres meses, uno de los dos órganos no hubiera efectuado su propuesta de renovación, entonces se procederá a la sustitución de los dos cargos designados por la institución que hubiera cumplido con el mandato. Además, se exime de la valoración previa de las personas propuestas por el Gobierno para los magistrados del TC.

Desórdenes públicos

Tanto Unidas Podemos y el PSOE, por un lado, como ERC, por otro, han querido matizar el texto y las penas asociadas a las protestas sociales. Aunque la modulación de sus respectivas iniciativas es diferente. Así, Unidas Podemos, en conjunto con el PSOE, ha propuesto la reforma del delito de desórdenes públicos para que el nuevo artículo 557 bis del Código Penal que establece la reforma y que se refiere a protestas en establecimientos privados o públicos -como las que tenían lugar durante la crisis financiera en las oficinas bancarias- no pueda implicar un endurecimiento de las penas a este tipo movilizaciones que se desarrollen sin violencia e intimidación.

Por su parte, ERC propone, directamente, la supresión de este artículo, debido a que, a su juicio, las prácticas a que se refiere «no reúnen el suficiente nivel de lesividad como para reclamar la intervención del Derecho Penal».

El grupo parlamentario republicano también reclama la rebaja de las penas del tipo agravado de desórdenes públicos, para que la mínima pase de tres a un año de cárcel, además de la reforma de su tipo básico.

Protección de los derechos #de los trabajadores

De acuerdo con Trabajo, los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos han incluido una enmienda para reformar el artículo 438 bis del Código Penal para castigar a penas de prisión de entre seis meses y seis años a quienes «mediante engaño o abuso de situación de necesidad impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudicen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos» por la ley, convenios colectivos o su contrato. Se trata de una propuesta que va dirigida muy en particular a las empresas de reparto a domicilio que, de acuerdo con la normativa laboral, habrían de tener a los repartidores en nómina.

Conciliación de los trabajadores#de la justicia

Para favorecer la conciliación de la vida personal y profesional de los trabajadores relacionados con la Administración de Justicia, se han articulado enmiendas para establecer la inhabilidad procesal entre los días 24 de diciembre y 6 de enero, el mes de agosto, los sábados y los domingos, así como los festivos de las respectivas comunidades o localidades. Afecta al cómputo procesal de los plazos, pero no supone la paralización de la actividad en los órganos judiciales.