La carencia de médicos podría suponer un riesgo en los centros penitenciarios
El déficit de médicos en estos centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se sitúa en 321 de los 525 que figuran en la relación de puestos de trabajo.
El día 3 de diciembre se celebra el día internacional del médico y desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y UGT buscan revindicar su "importante labor" que "se ve muy dificultada cuando, debido a la falta de facultativos, la atención se resiente".
Desde la agrupación señalan que este hecho es cada día más evidente en los centros penitenciarios en los que el déficit de médicos supera el 60%. Una tendencia al alza en los últimos años y que se verá incrementada ya que, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "no se ponen las medidas adecuadas". Esto se suma a la elevada edad media de los médicos penitenciarios, muchos de los cuales se encuentran cercanos a la edad de jubilación.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. 19 años después tan solo Navarra las ha asumido junto con las comunidades que tienen las competencias en la gestión penitenciaria, Cataluña y País Vasco.
Los centros penitenciarios, aseguran desde la agrupación, no pueden seguir asumiendo el problema institucional ya que repercute en la salud de los internos y en la seguridad de las prisiones. Los facultativos tienen asignadas más funciones que las asistenciales, a modo de ejemplo, ante una alteración regimental del orden en la prisión es precisa la intervención del médico para la elaboración de informe y valorar la conveniencia o no de la aplicación de sujeciones mecánicas, estableciendo el protocolo que sea preciso.
Un centro penitenciario puede albergar una población flotante de más de 1000 internos, un entorno en el más del 30% de los internos tienen medicación psiquiátrica y un alto porcentaje tiene diversas patologías . Desde la agrupación explican que este grupo de población "se puede equiparar con una población del mismo número de habitantes por las singularidades de los pacientes y la necesidades médicos-legales de la especial relación de sujeción con la administración".
Desde ACAIP-UGT recuerdan que que la solución del problema "pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias Comunidades Autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria".
