El Congreso acelera con la sedición y debatirá el jueves las enmiendas a la totalidad
Se convoca un pleno extraordinario para debatir las propuestas a la reforma del Código Penal presentadas por PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP
El Congreso da otro paso más en la tramitación exprés de la supresión del delito de sedición, el que sustentó las condenas de los líderes del 'procés', y convoca el jueves un pleno extraordinario para debatir las enmiendas de totalidad que han presentado PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. Con esta celeridad, el Gobierno de Pedro Sánchez podría cumplir su objetivo de aprobar antes de que finalice el año esta controvertida reforma del Código Penal, interpretada por la oposición como un cesión a Esquerra a cambio de su respaldo a los Presupuestos.
La Mesa de la Cámara ha recortado además el plazo posterior de registro de enmiendas a ocho días en vez de quince. Esto significa que hasta el 9 de diciembre los grupos deberán registrar qué quieren cambiar de la proposición de ley del PSOE y de Unidas Podemos que sustituye el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. De esta forma, el texto podría pasar a su trámite de enmiendas parciales en comisión y su aprobación en el pleno del Congreso antes de la semana del 19 de diciembre para acabar su recorrido en el Senado antes del día 31.
Los populares reclaman mantener la sedición en el Código Penal que se pretenden reformar, pero con especial atención a la recuperación del delito y de las penas establecidas en el todavía texto en vigor para que siga castigándose con la pena de prisión de ocho a diez años, y con la de entre diez y quince años si fueran personas constituidas en autoridad y se inhabilite al dirigente. Aducen que "no es necesario ni mejorar la calidad del tipo delictivo, ni tampoco retocar sus contornos para ajustarlos a las resoluciones judiciales dictadas por los juzgados y tribunales pues dicha acomodación no ha sido puesta en duda por ningún órgano jurisdiccional en ninguna de las sentencias emitidas".
El principal partido de la oposición incluye además en su enmienda un artículo por el que se penaliza la mera convocatoria de un referéndum, derogado en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que el propio Pedro Sánchez prometió en campaña electoral volver a activar. Esta convocatoria conlleva unas penas de tres a cinco años de prisión, e inhabilitación absoluta "por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. "Se han hecho un traje a medida del Código Penal para los que delinquieron", censuró la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.
Vox, por su parte, plantea castigar con hasta veinte años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación mientras que Ciudadanos impide con su texto alternativo a la norma del PSOE y Unidas Podemos que no corran los plazos de prescripción para este tipo de delitos.
Efecto retroactivo
En su propuesta alternativa para derogar el delito de sedición, Junts per Catalunya incluye también un cambio sustancial en la tipificación del delito de rebelión. Para que haya rebelión, si saliera adelante esta modificación, sería necesario el "uso de armas" y se aplicaría a quien pretenda derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución; destituir o despojar al Rey de sus prerrogativas; impedir la libre celebración de elecciones; disolver las Cortes o impedir que se reúnan, deliberen o resuelvan o declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
Los indepentistas abogan además, a través de una disposición transitoria, porque la supresión de la sedición se haga con carácter retroactivo. De ese modo, se revisarían las sentencias condenatorias firmes y no ejecutadas, se cancelarían los antecedentes penales incluso en sentencias ya ejecutadas y se archivarían de oficio los procedimientos penales incoados por tales hechos en los que no haya recaído sentencia firme.
La CUP busca con su enmienda suprimir el delito de sedición, eliminar la propuesta de PSOE y Podemos de agravar el delito de desórdenes públicos y derogar de un plumazo la conocida como 'ley mordaza'.
