política
El Gobierno defiende a Campo y busca forzar al CGPJ para sus nombramientos
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, censura el "asalto" de Sánchez al Tribunal Constitucional.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido este martes la idoneidad e imparcialidad de Juan Carlos Campo y Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional, una designación con la que el Gobierno quiere forzar a los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que hagan sus nombramientos.
El Consejo de Ministros ha propuesto la designación de Campo y Díez en sustitución de los dos magistrados conservadores Antonio Narváez y Pedro González-Trevijano, quien es actualmente el presidente del Constitucional. El Ejecutivo remitirá ahora al Tribunal Constitucional (TC) su propuesta, defendida por Bolaños para recuperar la normalidad institucional y en cumplimiento del deber constitucional del Ejecutivo.
"El Gobierno tiene el derecho y el deber de tomar esta decisión", ha añadido en rueda de prensa el ministro, para quien "la situación de bloqueo" en el Consejo General del Poder Judicial "no puede conllevar que el Gobierno incumpla sus obligaciones constitucionales". Bolaños ha afirmado que al Gobierno le hubiera gustado que estos nombramientos fueran al mismo tiempo que el los dos magistrados que debe nombrar el CGPJ y que debería hacerse de manera inmediata al estar ya fuera del plazo legal. Y ha recordado que se intentó por parte del Ejecutivo un acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el CGPJ y ha vuelto a culpar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no "aguantar" las presiones y echarse atrás.
Tras hacer un llamamiento al TC para que verifique formalmente a los dos candidatos, Bolaños ha insistido en la idoneidad de su designación, al ser dos juristas de reconocida competencia e indudable vocación de servicio público. En especial, y ante las críticas por la politización de la justicia -Campo fue ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez-, Bolaños ha defendido su trayectoria profesional, con más de 35 años de carrera judicial, doctor en derecho, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y servidor público. "Es una persona absolutamente idónea, reconocida y valorada tanto en ámbitos de la izquierda como de la derecha (...) dialogante, de consenso y equilibrada", ha remarcado. "Cuando el PP habla de despolitizar la justicia me parece que es un lapsus, es como reconocer que la tienen politizada y bloqueda", ha añadido.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra el presidente Pedro Sánchez tras el "asalto" al Tribunal Constitucional y ha asegurado que "ahora queda claro por qué se negaron a despolitizar el Poder Judicial". También ha aludido al pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la 'ley del solo sí es sí' en el marco del caso Arandina y ha criticado que el Ejecutivo se niegue a cambiar su "chapuza" legal. "No sé cómo pasará a la historia este Gobierno, pero sí sé que será recordado como el peor de la democracia con solo hacer repaso a algunas de sus actuaciones", ha declarado Feijóo, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, aludiendo a la frase que pronunció Pedro Sánchez este lunes asegurando que él pasará a la historia por "haber exhumado al dictador".
Más críticas al Ejecutivo
La propuesta del Gobierno para designar al exministro Juan Carlos Campo y a la ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional ha sido recibida con críticas generalizadas en el Congreso, donde los grupos, con la excepción del PSOE, han censurado la politización de este órgano.
Entre quines han sido críticos figura el socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que fue informado ayer a última hora de los nombramientos y no pudo discutir "los nombres y su idoneidad". Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, ha acusado al PSOE de "cinismo" y de no ser "coherente" porque vetaban a Victoria Rosell como vocal en un "órgano político como es el Consejo General del Poder Judicial" y ahora utilizan "una puerta giratoria para llevar a un exministro a un tribunal donde la independencia es un valor político".
