La mujer de Bárcenas obtiene sus primeros permisos para salir de prisión

El juez de vigilancia penitenciaria ha acordado estos dos permisos de cinco días después de una propuesta favorable desde la cárcel de Alcalá.

Rosalía Iglesias (i), mujer del extesorero Luis Bárcenas, a su llegada hoy a la Audiencia Nacional, donde el tribunal de Gürtel decide hoy si envía también a prisión a ocho de los 29 condenados por la primera época de la trama.
Rosalía Iglesias, mujer del extesorero Luis Bárcenas.
EFE/Juan Carlos Hidalgo

La Audiencia Nacional ha concedido a Rosalía Iglesias, la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas y en prisión desde hace dos años tras ser condenada por corrupción en el caso Gürtel, sus primeros dos permisos penitenciarios de cinco días cada uno.

Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional ha acordado estos dos permisos de cinco días, a los que no se ha opuesto el fiscal, después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel de mujeres de Alcalá haya dictado una propuesta favorable.

Las fuentes consultadas recuerdan a Efe que la ley penitenciaria permite la concesión de estas salidas a los internos que han cumplido ya una cuarta parte de su condena, están en segundo grado y mantienen una "evolución positiva" en el centro penitenciario.

Iglesias ingresó en prisión justo hace dos años, el 8 de noviembre de 2020, para cumplir los cerca de 13 años de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo tras revisar la sentencia del caso Gürtel que dictó la Audiencia Nacional en 2018.

El Supremo no atendió a las alegaciones de la esposa de Bárcenas y ratificó, como ya dijo la Audiencia, que Iglesias conocía la procedencia delictiva del dinero de su marido, al igual que el incremento no justificado de su patrimonio.

Los magistrados corroboraron que tenía "pleno control y capacidad de gestión sobre las cuentas bancarias de su titularidad, suizas o españolas, a través de las cuales el matrimonio ocultó su patrimonio y lo hizo circular".

La concesión de estos permisos, coincide con la decisión de la Junta de Tratamiento de la prisión de Soto del Real de proponer la aplicación del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario a su marido, toda vez que ha cumplido la mitad de su condena efectiva, 6 de los 12 años en los que la Audiencia Nacional estableció el límite máximo de condena tras ser sentenciado a una suma total de penas de 31 años de prisión.

Según han explicado a EFE fuentes jurídicas, se trata por el momento de una propuesta, que fue realizada el pasado miércoles y que ahora tiene que ser ratificada por la Secretaría general de Prisiones, que a su vez debe elevar su decisión al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional para que éste resuelva si procede la concesión de esa flexibilización en su régimen penitenciario.

De serle finalmente concedida, la aplicación del artículo 100.2 supone que podrá salir para trabajar y obligatoriamente ir a pernoctar a un Centro de Integración Social (CIS), siendo el Victoria Kent el que le correspondería por su domicilio, según las fuentes consultadas.

Este régimen no es tan flexible como el tercer grado penitenciario, que su defensa pidió de cara al cumplimiento de la mitad de la condena y que finalmente no le ha sido concedido.

No obstante, una vez en el CIS, éste centro puede proponer de considerarlo pertinente ese paso a la semilibertad con una pulsera telemática que le permitiría poder dormir en su domicilio.

Una vez que el Tribunal Supremo le rebajó la pena inicial de 31 años de cárcel a 29, el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó la macrocausa de Gürtel, en ejecución de la sentencia, fijó en 12 años de cárcel la pena máxima que debe cumplir el extesorero del PP, al ser el triple de la pena más alta que le fue impuesta: la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, ambas penadas con 4 años.

En cuanto a su mujer, la Sala fijó como pena máxima a cumplir 7 años y 6 meses del total de casi trece años de cárcel a la que fue condenada tras la revisión de la sentencia por parte del Supremo. Se trata también del triple de la pena más grave de las impuestas, que es el delito de blanqueo.

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