El nuevo plan energético reducirá la factura de los 1,6 millones de hogares con calefacción central
El Gobierno obligará a las compañías de luz y gas a dar información sobre el consumo de los vecinos del distrito para poder comparar, aunque no detalla cuándo estará disponible este servicio.
Los 1,6 millones de hogares de españoles con calefacción central (comunidades de vecinos que cuentan con calderas comunitarias) estarán protegidos de las importantes subidas del precio de sus facturas de gas que se prevén para este invierno. El Plan Más Seguridad Energética (+SE) incluye la aprobación de un mecanismo de "protección" para estos consumidores de forma que se reduzca su factura a través de la adopción por parte del Estado de las "medidas necesarias presupuestarias para su financiación", señala el documento aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica se remiten a las próximas semanas para concretar esta medida que beneficiaría a más de 1,6 millones de hogares que reclaman protección al no poder actuar sobre su factura de forma individual.
Además, el plan prevé otorgar una mayor cobertura para el bono social eléctrico y bono social térmico aumentando el volumen de población protegida, aunque tampoco se especifica por ahora cómo se concretará esta medida. La ministra Teresa Ribera afirmó en rueda de prensa que los consumidores vulnerables están pagando actualmente lo mismo en su factura eléctrica que antes de la guerra gracias a las ayudas fiscales, el mecanismo ibérico y el incremento del descuento del 25% al 60% del bono social. Por su parte, la factura del consumidor medio doméstico es un 33% más baja de lo que sería en ausencia de las medidas tomadas hasta ahora, señaló.
Otra de las medidas que aprueba este nuevo Plan +SE es la mayor transparencia en las facturas de luz y gas. El Gobierno obligará a las compañías a incluir en la factura información sobre el consumo de los vecinos del distrito para tomar decisiones en torno al ahorro. En concreto, las facturas de los ciudadanos con un consumo inferior a 50.000 kWh anuales incluirán una comparativa con clientes similares en el mismo código postal. También habrá consejos para consumir de forma eficiente y se dará información sobre la aplicación del mecanismo ibérico con el detalle de cuál sería el coste de la factura en ausencia de esta medida.
¿Cómo se conseguirá recabar esa información vecinal? Por ahora no se han dado detalles, pero desde el ministerio que dirige Teresa Ribera explican que será un mecanismo que se establecerá con la CNMC a través de los códigos postales, sin información concreta de los vecinos, sino de forma anónima y agregada.
El Gobierno asegura que el plan en su conjunto supondrá un ahorro de gas natural de entre 5,1% y el 13,5% desde agosto hasta marzo. La horquilla es tan amplia porque reconocen que muchas actuaciones dependerán del nivel de penetración que se consiga alcanzar. Ribera explicó que este cálculo no está basado en una menor actividad económica que reduzca el consumo, sino en la "eficiencia en la demanda" y el cambio a combustibles alternativos al gas de buena parte de la industria.
Impulso del autoconsumo
Un punto muy importante será el impulso al autoconsumo, con ayudas adicionales para instalar tejados solares, entre otras medidas. Así, el Gobierno aprobará 500 millones de euros para nuevos proyectos y se incrementará -aunque no se conoce en qué medida- el actual límite de 500 metros entre la instalación de generación y el punto de consumo para facilitar el desarrollo de nuevos modelos de autoconsumo compartido.
Respecto a los contadores digitales, el ministerio asegura que invertirá 40 millones de euros entre 2023 y 2024 para que los bloques vecinales cambien sus contadores analógicos permitiendo dar un mayor detalle del consumo de los ciudadanos y así tener facturas más exactas de acuerdo al consumo de cada vecino.
Todo esto se suma al plan que entró en vigor el pasado mes de agosto con el real decreto de ahorro energético con medidas hasta el 1 de noviembre de 2023 que obligan a los edificios públicos, comercios, estaciones de trenes y autobuses, aeropuertos, espacios culturales y hoteles a limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado y a 19 grados la calefacción en invierno. También obliga a apagar las luces de los escaparates de los comercios y de los edificios públicos que estén desocupados a partir de las diez de la noche.
