Griñán pide revisar la sentencia del Supremo que le condena a prisión porque se extralimita
Fue condenado a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación en la causa de los ERE fraudulentos,
La defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán registró este martes ante el Tribunal Supremo el incidente de nulidad respecto a la sentencia de la Sala Segunda que, por tres votos a dos, desestimó su recurso de casación para evitar la entrada en prisión.
Griñán fue castigado en firme a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación en la causa de los ERE fraudulentos, las ayudas a empresas en crisis desde 2000 hasta 2010.
El incidente de nulidad esgrime una lesión del principio de presunción de inocencia al ser "fragmentada" la sentencia del Supremo en un primer anuncio, el pasado 26 de julio, y la posterior notificación del fallo el 14 de septiembre. Señala la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de Griñán; avisa de dilaciones indebidas en el trámite de resolución de la apelación y, especialmente, esgrime el voto particular de dos de las magistradas (Susana Polo y Ana Ferrer) respecto a las tipificaciones aplicadas a Griñan, los exconsejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, el exdirector general Miguel Ángel Serrano y el exviceconsejero de Innovación Jesús Rodríguez, quienes no pertenecían al departamento ejecutor de los ERE fraudulentos: la Consejería de Trabajo.
El abogado de Griñán considera que este voto recoge una "vulneración" de la presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo, "más que revisar" la de la Audiencia de Sevilla, "completa los vacíos" de la misma, es decir, que "va más allá" de su cometido.
Por todo ello, este incidente de nulidad pide la anulación del fallo o una moderación de las penas, pidiendo en paralelo la suspensión de la ejecución de la sentencia. Dicho incidente es previo al recurso ante el Tribunal Constitucional y paralelo a la petición del indulto para paralizar la entrada en prisión.
