El Gobierno ve resquebrajarse su discurso fiscal con la rebaja del IRPF a los valencianos
El socialista Ximo Puig entra en la carrera criticada por Moncloa y se suma a la medida adoptada hasta ahora por barones del PP y por el País Vasco.
El Gobierno vio este martes cómo al discurso en el que había decidido centrar su pugna con el PP se le abría una seria grieta. El anuncio del presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, de que deflactará el IRPF autonómico para las rentas inferiores a los 60.000 euros choca de lleno con la estrategia diseñada desde la Moncloa. El Ejecutivo lleva semanas acusando a los populares de haber emprendido una "desastrosa" competencia fiscal a la baja entre autonomías y rechazando la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de proporcionar en el ámbito estatal un "alivio fiscal" similar al valenciano para las rentas inferiores a los 40.000 euros. Su principal argumento en contra de la medida era que supondría un vaciamiento de las arcas públicas en un momento en el que se deben reforzar las prestaciones y servicios sociales pero también que, pese a lo que pudiera parecer, una medida de esa naturaleza no solo beneficia a las rentas bajas.
La posibilidad de que Puig diera un paso en la dirección anunciada este martes durante el debate de política general en el Parlamento autonómico, estaba sobre la mesa. Sin embargo, el anunció cogió con el pie cambiado al Gobierno. Entre otras cosas, porque hace tan solo cuatro días, al calor de las bonificaciones en el impuesto de Patrimonio de autonomías gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía y Galicia, él mismo había reclamado que se introduzca en el sistema de financiación una penalización a las comunidades que decidan voluntariamente rebajar impuestos y renunciar por tanto a obtener mayores ingresos. Propuesta que, por otro lado, el Ejecutivo no ve "ni viable ni conveniente", según fuentes del ministerio que dirige María Jesús Montero.
Es cierto que la iniciativa del Gobierno valenciano no es idéntica en su diseño a la de las autonomías del PP que ya habían abrazado la idea de "devolver a las rentas bajas y medias lo que han pagado de más por la inflación". Puig plantea una bajada del 10%, equivalente a la subida del coste de la vida pero, según dijo, el efecto de esa bajada será "neutro" en el caso de las rentas superiores a 60.000 euros. Los Ejecutivos de Andalucía, Murcia y, desde este martes también, Galicia abogan por un recorte más limitado, del 4,5% en unos casos y el 4,1% en otros, para las rentas inferiores a los 40.000 euros anuales, pero las rentas por encima de ese tope sí se beneficiarían del descuento en el primer tramo de su declaración. La Comunidad Valenciana, además, también amplía en un 10% todas las bonificaciones y sube un 10% el mínimo exento para evitar que las rentas más bajas queden en desventaja.
Giro de guion
El Gobierno ya había tenido que enfrentarse a las acusaciones de incoherencia del PP cuando el País Vasco (el PSE es socio minoritario en la coalición gubernamental con el PNV) anunció la segunda deflactación del IRPF en lo que va de legislatura. Pero este giro del guion tiene mayor calado. Primero, porque está impulsado por una comunidad presidida por un socialista. Pero, además, porque llega justo cuando el Ejecutivo estaba preparando un paquete de medidas fiscales destinado a dar la réplica ideológica al PP.
En la mayoría de los casos, según anunció el lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los cambios impositivos se incorporarán en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y en otros, como el de la creación del nuevo impuesto temporal a las grandes fortunas, en leyes específicas. El ministerio guarda con celo cuál será el contenido exacto de ese paquete, pero hasta ahora había dejado claro que su idea era acometer una serie de "subidas selectivas" que afecten a "quienes más tienen" y su rechazo tanto a la deflactación como a una bajada del IVA de alimentos básicos como la que demanda Feijóo era expreso.
Atrapada en el cambio de escenario, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, evitó este martes censurar directamente la decisión de la Comunidad Valenciana durante su comparecencia habitual en la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, y argumentó que la posición del Gobierno respecto a cuáles deben ser los "fundamentos" de la política fiscal "no han variado". "Respetamos a las autonomías pero hay que hacer una política responsable porque los recursos los vamos a necesitar para la sanidad, para los maestros, para la dependencia...", añadió, aun así.
Avanzada la tarde, la ministra de Hacienda sí marcó más claramente distancias con la medida del presidente valenciano, aunque insistió en cargar las tintas contra el PP por provocar un "efecto dominó" que causa, dijo, un "vaciamiento fiscal". En una entrevista en Onda Madrid, recriminó así a Gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso que arrastren a otras autonomías a "hacer algo que ni siquiera quieren hacer para poder competir".
El principal partido de la oposición, por su parte, se apresuró a saborear el gol en propia meta a Pedro Sánchez. Feijóo pidió que no se le "descalifique" por cosas que están haciendo barones socialistas. Y su secretaria general, Cuca Gamarra, instó al Ejecutivo a "aceptar iniciativas que son buenas para la clase media".
