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Sánchez se queda solo por el rechazo de sus socios y del PP a la ley de secretos oficiales

El anteproyecto no gusta a los ministros de Unidas Podemos ni a los nacionalistas y los populares afean que no les haya llamado.

Pedro Sánchez durante su visita a Montenegro
Pedro Sánchez durante su visita a Montenegro
Efe

El PSOE tendrá que sudar tinta para sacar adelante su anteproyecto de Ley de Información Clasificada, más conocida como de 'secretos oficiales'. La propuesta que este lunes se aprobó en el Consejo de Ministros inicia ahora su andadura parlamentaria y no gusta a Unidas Podemos ni al resto de socios de la coalición de Gobierno, que esperaban que las informaciones más sensibles para el Estado solo pudieran permanecer ocultas a la opinión pública un máximo de 25 años. Sin embargo, en su borrador, los socialistas fijan este plazo en 50 años -con una prórroga de otros quince para asuntos más delicados- con el objetivo de adecuarla a los estándares de la OTAN. Además, Moncloa también se ha encontrado un rival a priori inesperado, el PP, que critica que no haya "consensuado" el texto con ellos al tiempo que se ofrecen para cambiar su contenido.

En medio de esta vorágine, Pedro Sánchez se encuentra solo, más que lo que haya estado ante cualquier otro proyecto de ley de la legislatura. Tanto, que la ministra de Defensa, Margarita Robles, quiso subrayar este lunes en una entrevista en La Sexta que la ley "está abierta a mejoras" durante la negociación parlamentaria que se avecina. Aunque en su caso particular, apunta a la bancada de la derecha en el Congreso para recabar los apoyos necesarios. "El PP, desde un sentido de Estado que hasta ahora no ha demostrado, apoyará esta ley", zanjó.

En Génova, en cambio, prefieren mantener la confrontación directa con el Gobierno, pese a que los detalles de la ley no terminan de desagradarles. Su queja viene porque el PSOE, aseguran, no ha contactado con ellos para "consensuar" una posición conjunta. Así lo manifestó su secretaria general, Cuca Gamarra, y posteriormente el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, que este lunes había convocado una rueda de prensa urgente.

También critican que la ley otorgará al Ministerio de Presidencia competencias sobre secretos oficiales que estaban en manos del Ministerio de Defensa, lo que interpretan como una forma de primar a Félix Bolaños frente a Margarita Robles. "Lo lógico habría sido llegar a un acuerdo con el partido que representa una alternativa", lamentó Bravo, que confirmó que no ha existido conversación alguna entre Génova y Moncloa en las últimas semanas.

Pese a la aprobación del Consejo de Ministros, con cinco miembros de Unidas Podemos, en Ferraz tampoco tendrán fácil convencer a sus socios de Gobierno. Hace solo unos días, el portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, reprochó al Gobierno la falta de consenso sobre esta ley y apostó por plazos máximos para la desclasificación de entre 15 y 20 años, menos de la mitad de lo que fija el borrador.

Este lunes, en Unidas Podemos mantuvieron las espadas en el cinto. No tocaba incendiar la relación en el Ejecutivo, justo en un momento en el que las aguas están calmadas, que el presidente había reconocido el día anterior que la coalición "llegará al final de la legislatura" y que el principal objetivo de los morados es marcar terreno en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 con un primer cara a cara que tuvo lugar este lunes entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Pero fuentes cercanas a la dirección de Podemos reconocen que la propuesta socialista no gusta a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ni a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, las dos primeras espadas del espacio morados. La estrategia, aseguran, pasa por "no hacer sangre" y esperar a la negociación parlamentaria para intentar atraer a Ferraz a sus postulados y evitar que pacten la ley con populares y Ciudadanos. Otras voces de las confluencias, como el presidente del grupo parlamentario y diputado de los comunes, Jaume Asens, afeó a los socialistas que "ocultar secretos a la ciudadanía durante 50 años o más es tratarla como menor de edad".

Por contra, Bolaños defiende que los plazos son "razonables" y que la norma es más garantista de lo que la acusan sus socios , con un equilibrio entre el derecho a conocer la información reservada y, al mismo tiempo, a la seguridad del Estado. "La información en todos los países cuando se divulga puede tener elementos potencialmente perjudiciales", zanjó el titular de la Presidencia, que comparó la propuesta con la de "las democracias más avanzadas". Aunque también insinuó que el anteproyecto necesitará cambios para su aprobación.

Dos vías posibles

El PSOE deberá elegir, por cuestión necesidad, una de las dos vías para sacar adelante su anteproyecto. Una decisión delicada en un momento en el que el presidente parece haber dado un giro a la izquierda en esta recta final de legislatura. Si opta por la senda de Podemos, deberá contentar también al resto de formaciones del llamado bloque de investidura, cada una con sus pretensiones particulares.

EH Bildu, aliado con el que el Ejecutivo ha logrado sacar gran parte de los últimos proyectos, considera que Moncloa "debe rectificar esta propuesta y plantear una reforma que aborde lo ocurrido desde la transparencia, el reconocimiento y la verdad". En concreto, critican que este borrador deja sin aclarar, por cuestión cronológica, el terrorismo de "los GAL", la represión del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y la de San Fermín del 78.

El PNV, partido que ha batallado singularmente por la revocación de la ley franquista, no oculta su decepción. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, tachó de "decepcionante" el anteproyecto pues considera "exageradamente largos" los plazos para la desclasificación de documentos. Esteban explicó este lunes que seis años después de que el Grupo Vasco propusiera por primera vez reformar la ley de 1968, la decisión del Consejo de Ministros "llega muy tarde". Además, mostró sus "dudas" acerca de las posibilidades de que culmine su tramitación en la presente legislatura. Por ello, espera "que no se desperdicie la oportunidad de actualizar una ley franquista".

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