El juez citará al hijo de Gali por el compromiso de pago del gasto hospitalario
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza ha sido adoptada tras las declaraciones de la encargada del servicio de admisión del centro logroñés, este lunes.
El juez de Zaragoza que instruye el caso de la presunta entrada ilegal en el país del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado de un covid agravado citará al hijo de éste para que informe acerca de la identidad del acompañante que firmó, sin identificarse, el documento de compromiso de pago de los gastos generados en el Hospital San Pedro de Logroño.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de la capital aragonesa de citar como testigos tanto al hijo de Gali como a otros responsables del hospital riojano ha sido adoptada tras la declaración hecha hoy por la encargada del servicio de admisión del centro en torno a la identificación del paciente como al referido documento de compromiso de pago.
Esta funcionaria ha asegurado ante el instructor que fotocopió un pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche, una de las identidades utilizadas por Gali, que le entregó un varón de entre 30 a 35 años de edad con acento árabe y que portaba mascarilla.
En este momento de la declaración, el juez ha exhibido una fotografía del hijo de Gali, Luali el Mustafa, a la testigo, que no ha reconocido a pesar de tener rasgos parecidos a los de la persona que le exhibió el pasaporte y firmó el compromiso de pago.
La testigo, a instancias del magistrado, ha explicado que no reparó en esos momentos en que el firmante del documento de compromiso de pago de los servicios, valorados en unos 160.000 euros, no rellenó los datos necesarios para identificarse.
Ha añadido que en el momento en que se dio cuenta de que faltaban esos datos, la segunda jefe del Servicio de Admisión del centro hospitalario, cuya declaración también se ha acordado, le preguntó por las razones por las que no figuraban en el documento.
La declaración de esta testigo y las nuevas pruebas testificales solicitadas mantienen abierta la instrucción, a falta de que la Audiencia de Zaragoza se pronuncie sobre los recursos planteados por la abogacía del Estado y de la fiscalía para solicitar el archivo del caso en relación a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya, como investigada por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento.
Unos recursos a los que se suma el planteado por el letrado de la acusación popular, el abogado Antonio Urdiales, para solicitar que se mantenga también como investigado al exjefe de Gabinete de Laya, Camilo Villarino, exculpado recientemente por el instructor en un auto en el que acuerda el sobreseimiento del caso en relación a él.
En declaraciones hechas a Efe tras la declaración de la funcionaria que tramitó la admisión de Gali en el hospital riojano, Urdiales ha asegurado que con las nuevas pruebas testificales solicitadas se trata de que "una estafa consumada no salga gratis" a los responsables.
Este letrado mantiene, por otra parte, que tanto González Laya como Villarino incurrieron en un presunto delito de prevaricación al vulnerar "de pleno" el reglamento de Schengen, la legislación de extranjería y el propio protocolo de base zaragozana, donde aterrizó Gali con su escolta el 18 de abril.
Un delito de prevaricación presuntamente cometido, a su juicio, "con independencia del delito de encubrimiento cometido al "ocultar" la presencia de Gali al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, que mantenía al líder polisario como investigado por asesinato y terrorismo.
