Una acusación pide mantener como investigados a Villarino y Laya en caso Gali
Se cuestiona que los altos cargos desconocieran la existencia de dos causas por genocidio y terrorismo contra Gali en la Audiencia Nacional.
El representante de una de las acusaciones populares en la causa abierta por la presunta entrada ilegal en el país del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, ha apelado a la Audiencia de Zaragoza para que ordene mantener como investigados a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya y su jefe de Gabinete, Camilo Villarino, por presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento.
En su recurso, este letrado, el abogado malagueño Antonio Urdiales, se opone a la reciente decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza encargado del caso de mantener como investigada a la exministra y de sobreseerlo en relación con Villarino.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, valora la decisión del instructor de abrir una investigación contra altos cargos de la administración, pero cuestiona a renglón seguido algunos de los argumentos empleados en su argumentación previa a su decisión final de sobreseer la causa en relación con Villarino.
En concreto, cuestiona que los referidos altos cargos desconocieran la existencia de dos causas por genocidio y terrorismo contra Gali y otros activistas polisarios en la Audiencia Nacional y que la entrada sigilosa y sin control de fronteras se realizara por motivos humanitarios para salvaguardar los intereses del país.
También critica los argumentos de la Fiscalía en su escrito de alegaciones al auto al pedir el sobreseimiento de la causa en relación con los dos investigados y afirmar que "no hubo riesgo para los intereses españoles" en el momento de acordarse la entrada de Gali en el país.
Recuerda a este respecto el abogado que el 21 de abril del año pasado, días después de hacerse pública la presencia del líder polisario en España, más de diez mil personas procedentes de Marruecos destruyeron las defensas fronterizas de Ceuta y provocaron un caos migratorio "en una personal interpretación de la ley del Talión" por parte del país alauita.
Urdiales pregunta a la Audiencia de Zaragoza "si la Justicia va a permitir que los más altos cargos del Gobierno consumen un plan delictivo destinado a introducir clandestinamente a este individuo y a otros por un aeropuerto militar, utilizando a los más altos cargos de nuestras fuerzas armadas en la ejecución del mismo".
Recuerda, además, que él no acusa de falsedad documental ni a Laya ni a Villarino en relación con el pasaporte falso utilizado por Gali en el momento de su ingreso en el Hospital de Logroño para ser tratado de un covid agravado, sino de los presuntos delitos de prevaricación y encubrimiento vinculados al silencio mantenido en relación a su presencia en España.
Destaca que los "criterios humanitarios" alegados por los investigados son una "excusa" para "burlar las leyes" y cuestiona, de acuerdo a los razonamientos del instructor en su auto, que el presidente del Gobierno español no estuviera al tanto de la operación.
