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Sánchez exige al PP que apoye la reforma laboral y abandone la "oposición destructiva"

Los socialistas encaran el nuevo ciclo electoral enfrentando sus recetas para la crisis sanitaria con las que aplicaron los populares en 2012.

Sánchez, este domingo en Palencia en la presentación del candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León.
Sánchez, este domingo en Palencia en la presentación del candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León.
Nacho Gallego/EFE

El 13 de febrero se decidirá algo más que el futuro Gobierno de Castilla y León en las autonómicas, también la configuración del nuevo tablero político nacional en un ciclo electoral que inicia una campaña eterna de dos años y medio y nueve comicios con la guinda de las generales de 2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este domingo a Palencia no solo a respaldar al candidato socialista a las autonómicas, Luis Tudanca, también comenzó a desplegar el discurso que el PSOE mantendrá a lo largo de los próximos meses.

El argumentario socialista pivota principalmente en contraponer dos formas distintas de encarar una crisis -la de la covid-19 en su caso- en comparación con las recetas que aplicó el PP para frenar los efectos de la recesión económica en 2012. A los populares les pidió además apoyo para la reforma laboral (que deberá convalidarse en el Congreso en menos de un mes) y que abandonen lo que denominó como «oposición destructiva».

Según el jefe del Ejecutivo, las medidas aplicadas por el Gobierno desde marzo de 2020 son «completamente distintas a las de la crisis financiera anterior». Sánchez acusa a los populares de «debilitar el estado del bienestar» y defiende que la coalición ha demostrado que en tiempos de vacas flacas «se puede subir el SMI y aprobar una reforma laboral con el apoyo de los empresarios».

Con los socios del Gobierno descontentos con dicho decreto ley, que consideran «insuficiente», como es el caso de ERC y EH Bildu, a los socialistas les queda apelar a la abstención de los de Pablo Casado para no depender de las fuerzas nacionalistas. No será fácil, el PP ya se ha mostrado rotundamente en contra al definir la norma que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 -la anterior a la actual- como «eficaz» para crear empleo.

Sánchez defiende, en cambio, que «sería un gran error» oponerse a un acuerdo sellado entre los sindicatos y la patronal, y este domingo fue más allá. «¿Cómo es posible que haya partidos en el siglo XXI que voten en contra de aprobar una ley de muerte digna, de revalorizar las pensiones o de subir el Salario Mínimo Interprofesional?», afirmó en Palencia. También zanjó que la legislatura acabará en 2023 y las generales no se adelantarán.

En el PSOE siguen insistiendo que el movimiento del presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, adelantando los comicios al 13 de febrero es «tremendamente irresponsable» debido a la alta incidencia del coronavirus alentada por la expansión de la variante ómicron. Lo cierto es que la estrategia de los populares precipitando el comienzo del nuevo ciclo electoral ha puesto en guardia a todas las formaciones del arco político.

Ferraz ha vuelto a confiar a Tudanca las riendas de la campaña electoral después de que este venciera en las anteriores autonómicas de 2019 con el 34,84% de los votos, un resultado que a la postre no le permitió gobernar después de que PP y Ciudadanos sellaran un pacto de 42 escaños (la Cámara regional cuenta con un total de 81 procuradores).

El ascenso de Vox

Con Ciudadanos ya fuera del Gobierno de Castilla y León y descendiendo en las encuestas, todas las miradas se sitúan en un eventual pacto entre Vox (que actualmente cuenta con un solo procurador en el parlamento) y el PP, a no ser que estos últimos reediten el resultado que llevó a Isabel Díaz Ayuso a no tener que incluir en su Ejecutivo a formaciones de otro signo tras rozar la mayoría absoluta. «Mañueco ha abierto las puertas de Vox en esta tierra con estas elecciones», denunció este domingo Tudanca.

Ni el candidato socialista ni el presidente del Gobierno mencionaron al ministro de Consumo, Alberto Garzón, envuelto en una polémica tras sus críticas a las macrogranjas. Todo pese a que este se ha convertido en un asunto central de la precampaña, con decenas de agricultores protestando fuera del recinto donde se celebró el acto.

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