Cuba envió a España en 2019 un agente encubierto para espiar a opositores

Cuba envió a España en 2019 a uno de sus agentes encubiertos para recabar información sobre el dramaturgo Yunior García, impulsor de la marcha opositora del próximo 15 de noviembre, y otros opositores participantes en un evento auspiciado aquel año por la filial en Madrid de la Universidad norteamericana de Saint Louis.

El régimen dictatorial divulgó la información en un vídeo donde revela que el doctor Carlos Leonardo Vázquez González era el espía "Fernando" del Departamento de la Seguridad del Estado, el órgano de inteligencia y contrainteligencia del país. "Fernando" reveló su identidad para denunciar la participación de Yunior García Aguilera en el citado evento y así "desmontar" los supuestos propósitos subversivos de la marcha pacífica convocada por el líder del grupo online disidente Archipiélago y otros jóvenes para el 15 de noviembre.

El espía cubano acudió al encuentro de 2019 en Madrid, que, según las autoridades, abordó el papel de las Fuerzas Armadas en un proceso de transición en la isla, con la asistencia entre otros del expresidente del gobierno español Felipe González. El agente cubano argumenta en el vídeo que "Yunior está buscando la confrontación con las Fuerzas Armadas y el Minint -Ministerio del Interior-" y asegura que "no es tan transparente y sus acciones no son aisladas, ni espontáneas".

No es la primera vez que el gobierno muestra públicamente conversaciones telefónicas privadas de García Aguilera o lo vincula a "elementos de la mafia anticubana de Miami" y legisladores de EE.UU. para desacreditar la iniciativa de marchar pacíficamente exigiendo derechos políticos. Los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno en Cuba.

Se mantiene el 15-N pese a las amenazas

Los miembros de la plataforma virtual Archipiélago mantienen la convocatoria a marchar en La Habana y otras ciudades del país el 15 de noviembre, pese a la prohibición del Gobierno que la considera "ilícita" y responde a un "cambio de régimen".

Sobre ellos pesan también amenazas de la Fiscalía que ha advertido de "consecuencias legales" si mantienen su plan, algo que ha generado un fuerte rechazo entre los activistas opositores y en las redes. Pueden incurrir en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir y otros, penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.

García Aguilera, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales, insiste en su derecho "y el de todos los cubanos a manifestarse pacífica y cívicamente".

La marcha demanda el respeto a los derechos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. Reclama el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución.

Sin embargo, las autoridades interpretan que un derecho constitucional "no puede ejercerse en contra de los demás derechos, garantías y postulados esenciales de la propia Constitución, lo que determina el carácter ilícito de la marcha".