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PSOE y Podemos se alían para que Alberto Rodríguez conserve su escaño

PP y Vox se desmarcan del informe de los letrados, defienden que el condenado debe quedarse sin acta y piden la intervención de la JEC.

Alberto Rodríguez ante el TC este martes
Alberto Rodríguez ante el TC este martes
Efe

El PSOE y Unidas Podemos se han aliado este martes en la Mesa del Congreso para permitir que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez conserve su acta de diputado pese a la condena que le impuso el Tribunal Supremo. Amparándose en el informe redactado por los letrados, los dos partidos que integran el Gobierno de coalición han asumido que la sentencia del Alto Tribunal no afecta a la condición de diputado de Rodríguez quien, por tanto, mantiene su acta.

El PP y Vox, los otros dos partidos que forman parte de la Mesa del Congreso, han defendido la posición contraria insistiendo en que Rodríguez debe ser despojado de su escaño en aplicación de esa sentencia.

Tantos los 'populares' como los de Santiago Abascal habían solicitado formalmente a la Mesa de la Cámara que hiciera efectiva la sentencia del Supremo y retirara el acta a Rodríguez por haber sido inhabilitado para el derecho de sufragio pasivo durante el mes y medio de prisión al que fue condenado. Ambas peticiones han sido rechazadas por la mayoría que suman PSOE y Unidas Podemos.

A primera hora de la mañana, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ya había avanzado que sus representantes del PSOE en la Mesa del Congreso se apoyarían en el informe de los letrados de la Cámara y votaría a favor de que Rodríguez conservase su escaño

Los servicios jurídicos del Congreso, en un informe no vinculante, consideran que Rodríguez puede permanecer en su puesto pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014. El tribunal le condenó con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros.

Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción --que además el diputado condenado ya ha pagado-- es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales.

De hecho, sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

"Nosotros respetamos siempre las sentencias de la Justicia", ha indicado Gómez, para apuntar, a renglón seguido, que el Grupo Socialista seguiría el criterio apuntado por los letrados del Congreso en este caso y actuaría siempre dentro del "absoluto respeto a la legalidad".

En su informe, los letrados especifican que exponen sus conclusiones "sin perjuicio de que las mismas puedan verse afectadas por eventuales pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central".

Precisamente, tanto el PP como Vox han solicitado que estos dos organismos se pronuncien sobre el caso de Rodríguez y han denunciado que no se sepa quién solicitó el informe jurídico en el que se amparan PSOE y Unidas Podemos para salvar a Rodríguez. 

En concreto, según ha indicado su portavoz, Cuca Gamarra, el PP va a elevar un escrito al Tribunal Supremo para informarle de lo que ha ocurrido en la reunión de la Mesa de este martes y también intentará que este órgano aclare el alcance de la pena que impuso a Rodríguez, al igual que hará Vox.

La semana pasada, a petición del propio Rodríguez, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya recalcó que en un auto que su sentencia expone la pena "con suficiente claridad" y que la accesoria de inhabilitación para sufragio pasivo --por la que podría perder el escaño-- se mantiene tal cual aparece en la misma.

"En la sentencia se explica con suficiente claridad todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria --inhabilitación--, a la necesidad de su sustitución de conformidad con el artículo 71.2 del Código Penal y a las consecuencias de la misma", subrayada el tribunal sentenciador.

El PP también se va a dirigir a la Fiscalía General del Estado para que solicite al Supremo una aclaración de la ejecución de la sentencia y presentará un escrito ante la propia Mesa de la Cámara que reconsidere su decisión.

Además, tanto el PP como Vox se han dirigido a la Junta Electoral Central para que se pronuncie al respecto con la esperanza de que este órgano 'corrija' la decisión de la Mesa.

También desde Ciudadanos, su portavoz adjunto Edmundo Bal, ha mostrado su confianza en que la JEC acabe corrigiendo la interpretación de los letrados y ha avanzado que, si no lo hace, deberá ser la Fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a través de un "incidente de ejecución", la que diga "si la sentencia se encuentra bien o mal ejecutada".

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