El riesgo de la caducidad
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ofrece un generoso gasto público logrado gracias a la llegada de los fondos europeos. También se apuesta por distintas medidas y actuaciones sociales aunque poco se sabe de su continuidad futura.
El debate no debería centrarse tanto en las medidas, todas objeto de posible discusión o aplauso, como en su garantía de continuidad. ¿Recuerdan el cheque-bebé de José Luis Rodríguez Zapatero? 2.500 euros sin distingos de renta para todos los nacimientos. La iniciativa, aprobada en 2007, no llegó a 2011. Desapareció por insostenible. ¿Y la desgravación en Renta por la vivienda habitual? Recortada en un primer momento, sería recuperada para quedar definitivamente suprimida a partir de 2013 por Mariano Rajoy bajo el pretexto de cumplir con las exigencias presupuestarias marcadas desde Bruselas.
Afectados por un juego de oportunidades, confirmado en el presente proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha diseñado el Ejecutivo, Pedro Sánchez quiere entregar a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad un cheque de consumo cultural cifrado en 400 euros. Reflejo del que ya disfrutan franceses e italianos, el objetivo es que ese dinero se destine a la compra de libros, a espectáculos musicales o a la adquisición de entradas de cine y teatro. La abundancia de recursos con la que cree haberse encontrado el presidente también le ha llevado a diseñar una ayuda de 250 euros al mes para facilitar el alquiler de los más jóvenes. Son múltiples los ejemplos europeos que allanan el acceso a una primera vivienda por lo que la iniciativa del Gobierno, al margen de los condicionantes políticos fijados por su socio de Unidas Podemos o del posible riesgo de un incremento artificial de los alquileres para este segmento de edad, puede adquirir la condición de ocurrencia o de excelsa creación según enjuicie la derecha o la izquierda.
En política, las decisiones sobre el gasto social siempre terminan atascadas en la controversia partidista. No hay nada más natural ni más sencillo en la lógica de una formación política que la crítica al adversario, por lo que lo realmente difícil es construir sobre los cimientos ajenos o, en ocasiones, sobre las ruinas abandonadas por un predecesor. La historia descrita por los diferentes gobiernos sentencia que buena parte de las ayudas directas surgen o desaparecen sin prever su continuidad, sin estabilizar un proyecto de bienestar público que debería construir un avance que permitiera echar la vista atrás y reconocer una mejora incuestionable. ¿Alguien es capaz de apostar por la continuidad del cheque cultural? ¿Durará, si es que logra aplicarse en toda España, la ayuda de 250 euros para el alquiler de una vivienda? La fugacidad de no pocas propuestas describe una falta de peso político que solo abunda en el descreimiento. Sin una definición pactada de cuáles son los resortes sociales que hay que proteger y fortalecer es muy difícil no incurrir en una acelerada caducidad de las políticas. Blindar el Estado de bienestar para garantizar su perdurabilidad exige, de origen, cerrar su aplicación por igual en todo el territorio nacional. Atreverse a lanzar distintas propuestas como las definidas en la futura ley de vivienda, a sabiendas de que en aquellas comunidades o ayuntamientos del PP no será de aplicación o mientras se ignora a los gobiernos autonómicos como depositarios de las competencias, solo descubre la premura por contar con unos presupuestos.
Ceñir el significado de lo que debería ser un pacto a la aprobación de unos presupuestos, embriagados por la fortuna de los fondos europeos y por la recuperación económica, seguro permitirá sacar adelante unas cuentas definidas por un histórico incremento del gasto social, pero no garantizará ni estabilizará las políticas sociales. Quizá sería ahora el mejor momento para hablar de pensiones, sanidad pública o educación.
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