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Sánchez cancela la inversión millonaria en el aeropuerto de El Prat y Aragonés le acusa de "chantaje"

El Gobierno tensa la mesa de diálogo con una decisión que achaca a la falta de apoyo del Govern, que considera la medida una "deslealtad".

Foto de archivo del aeropuerto de Barcelona
Foto de archivo del aeropuerto de Barcelona
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El Gobierno anunció hoy que suspende la inversión de 1.700 millones en los próximos cinco años para la ampliación de la tercera pista del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. El Ejecutivo central canceló el plan, que había pactado con el Govern catalán el pasado 2 de agosto, porque considera que la administración catalana no lo apoya lo suficiente. Lo comunicó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desde Barcelona en una improvisada e inesperada comparecencia.

El Gobierno justificó la decisión porque, a su juicio, la posición de la Generalitat no estaba "madura". El Govern habló de "deslealtad", y Pere Aragonès, que se quejó de no haber sido informado con antelación, acusó a Pedro Sánchez de "chantaje". El presidente catalán señaló además en un mensaje en Twitter que el anuncio "ratifica la necesidad de que Cataluña decida su futuro".

Todo esto en puertas de la reunión de la mesa de diálogo de la próxima semana, una cita que puede ser clave para la recomposición de las relaciones, pero que ahora se sume en la incertidumbre. Lo que es seguro es que la decisión tensa el ambiente.

El Ejecutivo central pactó la ampliación de la infraestructura con el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, dirigente de Junts. Pero días después, el presidente de la Generalitat descalificó el acuerdo. "Se ha perdido la confianza", resumió la ministra de Transportes. "No puede llevarse a cabo el proyecto sin el apoyo sin fisuras del Govern", señaló. "El pacto se ha quebrado por una pérdida de confianza", lamentó.

El problema que ha estado en todo momento sobre la mesa era que la ampliación en 500 metros de la tercera pista del aeropuerto para convertirlo en un 'hub' intercontinental afectaba a una zona medioambientalmente protegida llamada La Ricarda, en el municipio de El Prat, muy cerca de Barcelona, en la desembocadura y el delta del río Llobregat.

El Govern estaba de acuerdo en que se realizara la inversión, pero exigió, con posterioridad, que la zona de los humedales del delta no se podía tocar. Esta fue la posición de Aragonès cuando se hizo público el plan director del proyecto. Afirmó, desautorizando a su vicepresidente, que lo que se había pactado con el Gobierno no reflejaba el consenso establecido entre ERC y Junts. Pidió una rectificación y aseguró que la "preservación de los espacios naturales no es una opción, es una obligación". El sábado pasado, la Generalitat cerró filas y afirmó que no avalará ninguna reforma en El Prat que "destroce" la zona protegida.

Papel mojado

Dejaba, por tanto, en papel mojado el acuerdo alcanzado con el Gobierno, que contaba además con el rechazo de los dos ayuntamientos afectados, el de Barcelona y el de El Prat, ambos gobernados por los comunes.

La decisión del Gobierno enrarece las relaciones a una semana de la reunión de la mesa de diálogo y tres días antes de la Diada. Desde el independentismo interpretaron el anuncio del Gobierno como un movimiento para que la mesa aborde el conflicto de El Prat y desviar el foco para que no se hable de autodeterminación y amnistía. "La mesa es para hablar del conflicto y soberanía, no tiene nada que ver con el aeropuerto", avisó Puigneró.

El vicepresidente cargó también contra sus socios de ERC que, como Aragonès, cayeron a su entender en el "populismo", arremetiendo contra el acuerdo suscrito con el ministerio. "Hay manifestaciones que se las podían ahorrar", criticó a sus socios. Desde su óptica, el pacto entre ambas administraciones limitaba a la invasión de la zona protegida.

Al Gobierno le ha molestado que miembros del Govern hubieran anunciado su intención de manifestarse contra la ampliación del aeropuerto, una protesta convocada por grupos ecologistas para la próxima semana.

Lo cierto es que el proyecto de El Prat no solo se había convertido en una patata caliente para el Govern, sino también para el Ejecutivo central, ya que los comunes, a través de la alcaldesa Ada Colau, han ejercido una fuerte oposición.

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