El PSOE y Podemos pactan frenar los desahucios en la nueva Ley de Vivienda
El Gobierno de coalición no logra el consenso necesario para regular los precios del alquiler.
El Gobierno de coalición ha alcanzado un acuerdo para incluir medidas que pongan freno a los desahucios en la nueva Ley Estatal de Vivienda. En una reunión mantenida este jueves entre el PSOE y Unidas Podemos, ambas formaciones han acordado que los juzgados tengan que solicitar un informe a servicios sociales en este tipo de procesos, con el objetivo de evitar que familias vulnerables se queden sin una alternativa habitacional.
Hasta ahora, la normativa planteaba la suspensión de este tipo de procedimientos hasta que se adoptasen las medidas que los servicios sociales estimasen oportunas por un plazo máximo de entre uno y tres meses. Y fuentes socialistas reconocen que la idea es dilatar el proceso ante "la experiencia de la aplicación de esta regulación, que requiere de una mejora del procedimiento para las situaciones de vulnerabilidad".
Aunque desde Podemos han presionado para que la nueva norma mantenga la suspensión de los desahucios establecida para el estado de alarma, el acuerdo con el PSOE se centrará en modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000. Entre los cambios, se permitirá que los casos de okupación y cesiones en precario (cuando, por ejemplo, se deja la casa a un hijo de forma gratuita y sin establecer una duración) puedan solicitar también el informe de los servicios sociales, pudiendo dilatarse el proceso.
Agilizar trámites
El acuerdo también propone adelantar la notificación del Juzgado a los servicios sociales a un momento procesal previo al lanzamiento. En concreto, al momento de admisión de la demanda. "Esta notificación se produciría de oficio, como obligación legal impuesta al propio Tribunal, de forma que no sería necesario el consentimiento del demandado, sin perjuicio de que se le informe de que tiene derecho a acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo desea", indican las fuentes consultadas.
Lo que no cambiará en exceso serán los procedimientos penales. Según las medidas acordadas, se incorporaría una disposición para que la comunicación a los servicios sociales se produzca cuando se esté enjuiciando un posible delito de usurpación en situaciones de vulnerabilidad. Pero, en este caso, no habrá suspensión del desahucio.
Este avance alcanzado entre los dos socios de Gobierno no ha servido, sin embargo, para cerrar otro de los principales escollos para poner en marcha la nueva Ley de Vivienda: la regulación de los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.
