caso villarejo
Villarejo cumple tres años en prisión provisional a la espera de ser juzgado
De las 28 piezas que se han ido abriendo a lo largo de estos tres años, tres de ellas están ya concluidas y, al tratarse de causas con preso, son de carácter urgente y tienen preferencia en los señalamientos de juicios. Eso hace presagiar que pueda ser juzgado por primera vez por la Operación Tándem en unos meses.
El excomisario José Villarejo cumple este jueves 3 años en prisión provisional tras ser detenido en la Operación Tándem por la que se espera que la Audiencia Nacional le siente en el banquillo antes de que venza el límite máximo de 4 años que establece la ley para permanecer en la cárcel sin ser juzgado.
De las 28 piezas que se han ido abriendo a lo largo de estos tres años, tres de ellas están ya concluidas -Iron, Land y Pintor- y, al tratarse de causas con preso, son de carácter urgente y tienen preferencia en los señalamientos de juicios. Eso hace presagiar que pueda ser juzgado por primera vez por la Operación Tándem en unos meses.
El 3 de noviembre de 2017, la unidad de Asuntos Internos de la Policía detenía a Villarejo junto a su hijo, su mujer, su socio Rafael Redondo y el excomisario de Barajas Carlos Salamanca por supuestamente facilitar la entrada irregular en España de ciudadanos guineanos. Dos días después, el comisario -ya jubilado- entraba en prisión provisional.
La denuncia de un abogado -también imputado- ante la Fiscalía informando de ese supuesto entramado abrió la espita de un caso que ha terminado sacudiendo los cimientos de la Policía, la Casa Real, el CNI, el PP y de grandes empresas como el BBVA o Iberdrola.
"Jamás he utilizado la Policía para enriquecerme, jamás". "No hay un caso que me hayan encargado policialmente y yo enriquecerme con esa información, jamás", trató de defenderse Villarejo cuando fue preguntado por los 90.000 euros intervenidos en su domicilio y que justificó por su desconfianza en los bancos y porque ya sabía que el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán -al que atribuye su caída en desgracia- le estaba "vigilando y fiscalizando".
Su detención permitió acceder a innumerables grabaciones y documentos que el policía ya jubilado fue atesorando a lo largo de su ahora cuestionada trayectoria policial y empresarial en la casa de Boadilla del Monte (Madrid) en la que residía con su mujer y su hija pequeña.
Asuntos Internos de la Policía se hizo cargo de desencriptar todos esos archivos con las andanzas de Villarejo, pero muchos de ellos se les resistieron y hubo que pedir ayuda al Centro Nacional de Inteligencia para poder proseguir revisándolos.
Al inicio de la instrucción y cuando aún el caso Villarejo pasaba casi desapercibido saltó el escándalo de los audios de conversaciones que mantuvo con la examiga del rey emérito Corinna Larsen en las que esta le hablaba de cuentas bancarias en Suiza y del cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca (Arabia Saudí).
Nacía la pieza 5 de esta causa, bautizada como Carol, y que tras quedar archivada en 2018 al constatar la inviolabilidad en esas fechas del rey emérito, el juez la volvía a abrir este verano para imputar a Larsen por un supuesto encargo (y que recientemente tuvo que volver a cerrar por falta de pruebas).
Según avanzaba la instrucción en los primeros meses, la relación de los fiscales con el juez al que correspondió este caso en la Audiencia Nacional, Diego de Egea, se fue resintiendo, especialmente cuando archivó la causa para el excomisario de Barajas (que después la Sala ordenó reabrir) y, sobre todo, ante la posibilidad de que dejara en libertad a Villarejo con una pulsera telemática.
De Egea se encontraba en comisión de servicios en el Juzgado Central de Instrucción 6 y tras estos encontronazos con los fiscales optó por no pedir que se le prolongará su situación de interinidad y formalizó su renuncia alegando "motivos personales".
En ese momento se hizo cargo de esta causa el titular del juzgado, Manuel García Castellón, que mantuvo una buena sintonía con los fiscales hasta que una de las piezas más mediáticas, la número 10, sobre el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham, comenzó a enturbiar la relación entre ellos.
Si bien apoyaron que se retirara al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la condición de perjudicado en esta causa ante las contradicciones en su testimonio y el de Dina, no respaldaron la decisión del juez de pedir al Tribunal Supremo que investigara al líder de Poodemos (al ser aforado), ya que Anticorrupción considera que con el perdón de la afectada desaparece el delito de revelación de secretos que le atribuye García Castellón.
A la vez que surgían estas desavenencias, aparecía en escena un chat de abogados de Podemos en el que se hablaba de una supuesta relación entre el fiscal Ignacio Stampa y la abogada de Dina e Iglesias, Marta Flor Núñez, una polémica que ha derivado en que no haya obtenido los apoyos necesarios para obtener una plaza fija en Anticorrupción, a la que llegó en comisión de servicios y que ahora tiene que abandonar.
Son ya por tanto dos los damnificados -Stampa y De Egea- por los avatares de estos tres años de instrucción.
