política
El Gobierno ultima la ley que ilegalizará la Fundación Francisco Franco
El Ejecutivo impulsará una nueva norma de Memoria que incluirá "un plan de exhumaciones con recursos públicos y un banco de ADN".
La Memoria Histórica es una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras acometer hace un año la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, el Ejecutivo impulsará ahora una nueva ley de Memoria para reforzar la normativa creada en 2007 por el Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva ley, que llegará al Consejo de Ministros la próxima semana para su debate y aprobación, busca "dar respuesta a las víctimas" e ilegalizar aquellas organizaciones que hagan apología de la dictadura, entre ellas, la Fundación Francisco Franco. "No podrá haber fundaciones con dinero público que enaltezcan totalitarismos", aseguró este martes la vicepresidenta primera Carmen Calvo.
Aunque la número dos del Ejecutivo no quiso entrar en detalle, sí avanzó que la normativa incluirá "un plan de exhumaciones con recursos públicos y un banco de ADN", en línea con la iniciativa que presentó el PSOE en el Congreso el pasado mes de enero, justo después de formalizarse el Gobierno de coalición. "La primera acción para redignificar a las víctimas es encontrarlas -reivindicó-, darlas sepultura con el honor que les corresponde, porque estamos hablando de víctimas que perdieron sus vidas para mantener el orden constitucional".
Esa proposición de ley incluía la atribución al Estado de la apertura de las fosas del franquismo, la creación de un sistema de banco de restos y un censo de víctimas; una relación de títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura para su supresión, o la instauración del 31 de octubre como día de recuerdo y homenaje a las víctimas.
Nuevo calendario legislativo
Será la primera de las normas con las que el Gobierno quiere iniciar el nuevo calendario legislativo alterado como consecuencia de la pandemia. En total, el Ejecutivo confía en sacar adelante 171 propuestas en el próximo semestre. Entre ellas, se incluye la Ley de Presupuestos, la nueva Ley de Función Pública o el desmontaje de la refrma laboral.
También se aborda una reforma puntual de la Constitución para adaptar la terminología con la que se refiere el texto a las personas con discapacidad.
