Unidas Podemos se prepara para su otoño más difícil
El frente judicial que encaran los de Iglesias amenaza con debilitarlos frente al PSOE.
Entre todas las vicisitudes a las que los dirigentes de Podemos esperaban enfrentarse a principios de 2020, cuando entraron en el Gobierno de la mano del PSOE, no se encontraba la de atravesar un otoño salpicado por la comparecencia de varios miembros de su cúpula en los tribunales. Los de Iglesias han visto en tan solo tres meses como el 'caso Dina', una pieza del 'caso Villarejo' que ellos mismo impulsaron para respaldar su teoría de las "cloacas del Estado", se les empieza a volver en contra. El pasado martes, además, el juez Juan José Escalonilla abría diligencias e imputaba al partido, como persona jurídica; al secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo; al tesorero, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Val, tras las acusaciones de malversación y administración desleal formuladas por el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, al que despidieron en diciembre de 2019.
El inicio de este particular vía crucis está a la vuelta de la esquina y en un momento delicado de la legislatura. Con las negociaciones de los Presupuestos de 2021, la moción de censura que prepara Vox y el debate sobre la monarquía como telón de fondo, la presión a la que estarán sometidos en el Congreso amenaza con debilitar su posición frente al PSOE dentro de la coalición.
En el PP, diana durante muchos años de los ataques de Iglesias a cuenta de los casos de corrupción que afloraron en Génova, llevaban esperando un tropiezo por parte de los morados desde la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa en 2018 y no van a dejar pasar esta oportunidad para hacer mella en el Ejecutivo. Tampoco en Ciudadanos, partido que desde la llegada de Inés Arrimadas a su presidencia se ha ido acercando paulatinamente a los socialistas para intentar aislar a sus rivales a la derecha mientras siembran la desconfianza en las filas de Podemos, que miran con recelo los contactos que mantienen ambos partidos (el último encuentro tuvo lugar el pasado 3 de agosto).
Comparecencias judiciales
En medio de este caldo de cultivo, la primera fecha judicial clave está fijada para el próximo 2 de septiembre, cuando Calvente comparezca en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón, que instruye el 'caso Villarejo'. El excoordinador legal de Podemos mantiene que se opuso frontalmente en marzo de 2019 -cuando se abrió la pieza del 'caso Dina'- a la estrategia de utilizar políticamente el robo del móvil de la exasesora de Iglesias, Dina Bouselham, para alentar la existencia de una "policía patriótica" que habría sido puesta en marcha por los populares. También vincula su despido a esta situación, sobre todo después de que el líder del partido, que perdió su condición de perjudicado en la causa, confesara en una entrevista en TVE que había retenido la tarjeta del teléfono de su colaboradora sin el conocimiento de ésta "para quitarle presión".
Antes de despedir a Calvente, el partido le acusó de acosar sexualmente a una compañera, la también abogada Marta Flor -que hasta ahora ostentaba la defensa de Bousselham y de Iglesias-; sin embargo, esta denuncia acabó archivada el pasado 29 de julio, el mismo día en el que Calvente declaró ante el juez Escalonilla durante más de tres horas contra su antiguo partido.
El abogado habló de "cobros bajo mano" y de sobresueldos no justificados, aunque lo hizo sin pruebas concretas y alegando algunas inexactitudes basadas en, según su declaración, "rumores" y "comentarios". Por ello, desde Podemos reaccionaron atacando a Calvente, al que acusan de aportar "datos sin consistencia" y de "violar al secreto profesional", como afirmó el miércoles el portavoz de la formación, Rafa Mayoral, que también confirmó que han presentado un escrito ante el juzgado donde se pide la "nulidad" de la declaración ya que consideran que están en una situación de "indefensión" porque solo les había entregado "los primeros 41 minutos y 52 segundos" del testimonio. Aunque el pasado jueves el juzgado les hizo llegar la declaración completa.
Pero el momento clave no llegará hasta el 20 de noviembre, justo un año después de la celebración de las generales que llevaron a la coalición de izquierdas al Gobierno. Ese día han sido citados a declarar Juan Manuel Olmo, estrecho colaborador de Iglesias y responsable de la organización de las dos últimas campañas electorales del partido; Daniel Frutos y Rocío Val.
Desde Podemos están convencidos de que durante los tres meses que median hasta ese momento la oposición presionará a Sánchez con el objetivo de buscar la dimisión de Iglesias. El presidente ya defendió el miércoles pasado, tras su encuentro en Palma con el Rey, la cohesión con sus socios de Gobierno y evitó valorar las decisiones del juez.
El pasado viernes, Iglesias rompió el silencio que había guardado durante toda la semana y negó la existencia de una 'caja B' en Podemos. También aprovechó para azuzar el debate sobre el modelo de Estado y defender, según escribió en Twitter, un "horizonte republicano".
