El presidente de los obispos pide unión a los políticos ante la crisis de la covid
"Hagamos el trabajo juntos y dejemos a un lado las peleas ideológicas, que a veces nos puede más la ideología que el trabajo por el bien común", ha señalado Omella
El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, ha pedido a las administraciones y a los políticos que vayan unidos para superar la crisis de la covid-19, al igual hizo Europa tras la Segunda Guerra Mundial para lograr un proyecto de paz.
En una rueda de prensa sobre el trabajo de Cáritas en los últimos meses de pandemia, Omella, que desde el pasado marzo preside la CEE, ha afirmado: "Señores de la administración y políticos, lideren el trabajo de asociaciones, empresarios e instituciones" para la reconstrucción y contra la pobreza por la covid.
"Hagamos el trabajo juntos y dejemos a un lado las peleas ideológicas, que a veces nos puede más la ideología que el trabajo por el bien común", ha señalado Omella, que ha explicado que por ejemplo Cáritas colabora con Cruz Roja y otras organizaciones por objetivos comunes.
Omella ha señalado que esta pandemia ha traído "una realidad muy dura" que viene a empeorar una situación anterior que ya venía marcada por la "cronificación de las situaciones de exclusión".
"Ante esta situación no puede haber otra que hacerse el camino unidos. Solo unidos tendremos fuerza, como hizo Europa tras la Segunda Guerra Mundial, con un panorama de pobreza semejante", ha dicho.
"Si salió Europa adelante fue gracias a que hubo líderes que tenían clara la misión, como Schuman, Gaspary o Adenauer", ha señalado.
Ese ir unidos es "el llamamiento de la gente, que la Iglesia recoge", ha añadido.
Asimismo, el cardenal ha destacado que la "Iglesia ha mantenido abierta su puerta en esta crisis" de la covid a través de la solidaridad, los hospitales y también la caridad y las oraciones.
Según los datos de Cáritas diocesanas de Cataluña, la irrupción de la crisis sanitaria de la COVID-19 ha llevado a solicitar ayudas a nuevos perfiles de personas que nunca antes se habían dirigido a la beneficencia.
Según los datos hechos públicos hoy, el 50 % de las personas que se han dirigido a la organización benéfica católica en las últimas semanas lo han hecho por primera vez.
Además, se ha multiplicado en los últimos dos meses, en comparación con las mismas fechas de 2019, el número de hogares sin ningún tipo de ingreso, pasando de uno de cada diez a uno de cada cuatro, un aumento del 206 %.
La irrupción de la covid-19 ha provocado que hayan tenido que reforzar en Cáritas parroquiales los centros de distribución de alimentos hasta los 87 y aumentar a 7 los comedores sociales.
Igualmente, se han triplicado las ayudas económicas de alimentos y se han doblado las de vivienda.
Sobre la situación de habitabilidad de las personas que piden ayuda, el director de Cáritas diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, ha llamado la atención sobre la especial situación de vulnerabilidad de muchas familias que viven en habitaciones realquiladas.
"No estamos hablando de que no puedan pagar la hipoteca, como en 2008, o que no puedan pagar el alquiler, como en 2013-2014, es que ahora están viviendo en habitaciones de realquiler", ha apuntado Busquets, quien ha destacado la "complicada" situación que han sufrido estos núcleos de familias en el confinamiento.
En el mismo sentido, la responsable de análisis social e incidencia de Cáritas diocesana de Barcelona, Miriam Feu, ha advertido que su informe de Corpus sobre el trabajo 2019 ya muestra que se parte "de una crisis social no resuelta y que nos conduce a una crisis social sin precedentes, que afecta especialmente a personas que no pueden acceder a ayudas por vivir de economía sumergida".
"Hace falta tejer de nuevo las comunidades, fortalecer las políticas públicas y pedir a las administraciones públicas que sean garantes de derechos", ha señalado Feu.
Cáritas quiere que la renta garantizada de ciudadana o el ingreso mínimo vital no sean incompatibles con las ayudas de vivienda; que se garantice el empadronamiento como puerta para los derechos básicos; agilizar la regularización de las personas en situación administrativa irregular y garantizar los derechos al trabajo y la vivienda dignos.
