coronavirus
El PP acusa a Sánchez de extralimitarse con un «estado de excepción de facto»
El Gobierno no se plantea recurrir a esa figura constitucional más restrictiva en materia de derechos
No es la primera vez que Pablo Casado sugiere que el techo legal de la declaración de alarma ha quedado superado. Ya en el último pleno del Congreso, el de la prórroga de las restricciones, el líder del PP apuntó en esa dirección. Hoy el argumento de que en España rige «un estado de excepción de facto» volvió al discurso de los populares, que reprochan ahora al Gobierno haberse excedido en la limitación de derechos, aun en un contexto de emergencia sanitaria.
Según la ley que regula la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, el primero de ellos está pensado para «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves»; un supuesto en el que encaja el actual escenario de expansión del COVID-19 en España. El artículo 11, además, recoge que, durante el tiempo que esté vigente, cabe «limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos».
Casado, sin embargo, considera que el confinamiento y sus derivadas, así como otras decisiones adoptadas durante la crisis, indican que las costuras de la alarma han comenzado a abrirse. A su juicio, la restricción de movimientos trasciende lo previsto. Y por otro lado, cree, tal y como trasladó hoy en una entrevista en Telecinco, que «el Congreso y el Senado están cerrados» y que «los medios de comunicación no pueden preguntar» al Gobierno.
Hace semanas que las Cortes resolvieron reducir a la mínima expresión la actividad parlamentaria. Los órganos de dirección -Mesa y Junta de Portavoces- siguen celebrando reuniones, pero el calendario de plenos quedó en suspenso desde que se conocieron los primeros contagios en el Congreso el 10 de marzo. Desde entonces, sólo se han convocado las sesiones para el análisis y la ampliación de plazo del estado de alarma, con una reducida representación de los grupos para evitar la transmisión del virus, votación telemática y medidas extra de desinfección. En el último, además, se convalidaron decretos pendientes y los relativos a las consecuencias económicas del COVID-19.
En el Senado el proceder ha sido parecido: un único pleno obligado para dar el visto bueno a la adhesión de Macedonia del Norte a la OTAN. La Cámara alta, en todo caso, debe convocar la Comisión General de Comunidades Autónomas después de que prosperara la iniciativa del PP con el voto del PNV.
Los populares ven en unas cámaras al ralentí, en las que los plazos de tramitación de las iniciativas se han suspendido, una forma de «desactivar» el Parlamento y dificultar la tarea de control al Gobierno. Una «extralimitación», a juicio, de la vicesecretaria de Política Social del PP. «El estado de alarma -reprochó hoy al ministro Salvador Illa en su comparecencia en la comisión de Sanidad del Congreso- no puede limitar derechos fundamentales y ustedes lo están haciendo afectando de una forma inédita a nuestra democracia».
Un formato «discutible»
En cuanto a los medios de comunicación, el PP censura que no se haya articulado en la Moncloa un sistema para que los periodistas puedan intervenir en las ruedas de prensa sin tener que pasar por escrito las preguntas a la Secretaría de Estado de Comunicación para que las lea en directo. El formato, asumió este jueves Illa, es «discutible». El Gobierno, sin embargo, rechaza cualquier intencionalidad oculta.
En los próximos días deberá decidir si la evolución de la epidemia exige una nueva prórroga de la alarma o una adaptación de las medidas, y fuentes cercanas al presidente del Gobierno niegan que estén pensando en una declaración del estado de excepción, que comporta mayores restricciones en los derechos de los ciudadanos y prohíbe, no condiciona, la circulación.
Los populares, mientras tanto, afean a Sánchez no haberse puesto estos días en contacto con ellos y trasladaron nuevas propuestas: una remuneración extra para los trabajadores de servicios esenciales en forma de paga adicional para colectivos como el sanitario y la suspensión de impuestos para todos los que ejercen actividades básicas.
