El Ejército visitó 41 residencias antes de que la Fiscalía ordenara investigar su situación
Se inspeccionaron centros de mayores en al menos diez comunidades y la Fiscalía está a la espera de que Defensa le remita sus atestados.
Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ejército de Tierra visitaron 41 residencias de ancianos en al menos diez comunidades autónomas antes de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, desvelara el lunes en un programa de televisión el hallazgo de mayores abandonados y muertos en sus camas. Una denuncia que fue corroborada horas después ante la Fiscalía General del Estado, que ordenó abrir diligencias de investigación por la gravedad de los hechos conocidos.
Dentro de la Operación Balmis, que lucha por contener la propagación del coronavirus, los militares comenzaron el pasado miércoles 18 las tareas de desinfección de las primeras residencias de ancianos. Fuentes de Defensa señalaron que ese día estuvieron presentes en cuatro centros de tres ciudades, el sábado intervinieron en 26 residencias de 23 poblaciones y el domingo en otros 11 centros. En total, 41.
El lunes por la mañana, tras conocer de primera mano los detalles de esos trabajos por parte de los jefes de la UME y del Jemad, mando único de la Operación Balmis, la ministra Robles compareció en el programa de Ana Rosa, en Telecinco, y reveló la "dramática" situación que se encontraron los uniformados durante esos trabajos de limpieza.
"Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en las residencias. El Ejército en algunas de sus visitas ha podido ver a algunos ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas", detalló la titular de Defensa.
Diez horas después de estas graves acusaciones, la Fiscalía General remitió una nota pública en la que anunciaba que había ordenado indagar los hechos al fiscal del Tribunal Supremo Manuel Dolz, ex secretario de Estado de Justicia en la etapa de la ministra Dolores Delgado, hoy fiscal general. Es, por lo tanto, un hombre de su total confianza.
Para ello, el Ministerio Público justificó que "se habría detectado la existencia de personas ancianas, algunas de ellas estarían enfermas, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, además de existir residentes fallecidos".
Servicios funerarios
Al fiscal Dolz le encargaron que recabase cuanta información fuera precisa y también avanzar en el desarrollo de las pesquisas. Pues bien, los centros públicos y privados sospechosos en los que trabajará el acusador público son "algunos" de los 41 visitados por la UME y el Ejército de Tierra.
Estas son buena parte de las localizaciones: Segovia, Vigo (Pontevedra), Torrelavega (Cantabria), Madrid, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Soto del Fresno (Madrid), Antequera y Málaga capital, Santiago de Alcántara (Cáceres), Benidorm (Alicante), Burriana y Onda (Castellón), Picanya, Aldaia, Masamagrell y Manises (Valencia), Tarazona (Zaragoza), Lardero y Fuenmayor (La Rioja), Alcalá del Valle (Cádiz), Benavente, Toro, Montamarta y Fuentesaúco (Zamora) y Luanco (Asturias).
El pasado domingo, el Jefe del Estado Mayor de Defensa (Jemad), general Villarroya, declaró tras la reunión del Comité Técnico que los militares estaban yendo a residencias de todas aquellas localidades que lo estaban demandando. "Se hace como medida preventiva; también para valorar la situación de los pacientes y asesorar al personal de las mismas en materias de desinfección y prevención", afirmó.
Y este martes, tras conocer la apertura de la investigación de la Fiscalía, confirmó que los militares habían hallado ancianos fallecidos en sus camas. Pero el general no dio más detalles ya que el asunto, justificó, está en manos del fiscal del Supremo Manuel Dolz.
No obstante, fuentes de la Fiscalía afirmaron que no se había recibido aún ningún atestado notificado por Defensa sobre los centros denunciados. En el plano normativo, Sanidad estableció también este martes que las residencias deben comunicar "de inmediato" a las consejerías de sus comunidades y a las delegaciones del Gobierno si no pueden gestionar la conservación y retirada de cadáveres por acumulación o ausencia de servicios funerarios disponibles.
