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Juan Carlos I no ha recibido aún notificación judicial o fiscal sobre su cuenta en Suiza

Su abogado, que está recabando información de todo el tema, afirma que no existe requerimiento de España o de otros países al respecto.

Juan Carlos I tras su salida del hospital.
Juan Carlos I tras su salida del hospital.
Efe

El abogado de Juan Carlos I anunció ayer que, "por el momento", el rey emérito "no ha recibido notificación" alguna de la justicia, española o de otro país, en relación al patrimonio que tendría en el extranjero. Según el diario 'La Tribuna de Ginebra', el monarca anterior tenía una cuenta en un banco suizo radicado en Bahamas.

En dicho depósito, abierto a nombre de la sociedad instrumental panameña Fundación Lucum, se habrían ingresado 100 millones de dólares en 2008 (unos 67,5 millones de euros al cambio de la época) procedente del rey saudí Abdalá. Y de ahí salió en 2012 una entrega a su amiga íntima Corinna de 65 millones de euros que ahora investiga la Fiscalía suiza.

Juan Carlos I ha contratado ahora al penalista Javier Sánchez-Junco para llevar su representación legal y también sus comunicaciones formales, decisión por la que este fiscal en excedencia dice sentirse "muy honrado de aceptar". En este sentido, ha anunciado a la prensa que cuando "cuente con elementos de conocimiento suficientes se darán las informaciones oportunas" a los medios.

En cualquier caso, puntualiza en una primera nota que el rey emérito "no ha recibido" aún "comunicación o requerimiento de autoridad judicial fiscal alguna" de ningún Estado sobre el tema. En septiembre de 2018, el entonces juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional de la pieza del 'caso Villarejo' en la que se investigaban las grabaciones a Corinna. Unos audios de 2015 en los que ésta detallaba la presunta existencia de cuentas ocultas en Suiza pertenecientes a don Juan Carlos.

Inmunidad hasta 2014

Para el juez instructor, sin embargo, aquellos indicios sobre la presunta existencia de fondos opacos del anterior monarca en paraísos fiscales eran "extraordinariamente débiles". En su resolución, además, recordaba que fue Rey hasta el 19 de junio de 2014 y, por tanto, en todos sus actos y acciones hasta aquella fecha -conforme al artículo 56.3 de la Constitución- no está sujeto a responsabilidad penal alguna (tras su abdicación pasó a tener la condición de aforado ante el Tribunal Supremo, donde eventualmente sí podría llegar a ser juzgado si se diera el caso).

Ese mismo argumento es defendido ahora por la Fiscalía en la causa donde se investigan las comisiones pagadas en torno a las obras del AVE saudí a La Meca, cuyo coste finalmente se disparó por encima de los 7.000 millones de euros.

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