El Gobierno cifra en 240 los combatientes con la nacionalidad o residentes en España desplazados a zonas de conflicto como Siria e Irak para enrolarse en organizaciones terroristas, de los cuales 48 habrían regresado y 65 podrían haber muerto.

El porcentaje de retornados se sitúa en el 20 %, según una respuesta por escrito del Ejecutivo al diputado de EH Bildu en el Congreso Jon Iñarritu, mientras que para los fallecidos en zonas de combate alcanzaría el 27 %.

Del total de combatientes, el 20 % tendría la nacionalidad española y el resto serían residentes. Esta misma proporción se daría en los fallecidos y en los retornados de territorios del Estado Islámico.

Aun así, el Ejecutivo puntualiza que las estadísticas excluyen a los menores de edad y a los desplazados que todavía no han sido registrados como "combatientes terroristas extranjeros", según la identificación acordada a nivel internacional.

En otra respuesta parlamentaria al mismo diputado, el Gobierno indica que a finales del año pasado había en las cárceles 129 presos por terrorismo yihadista, 21 menos que en 2017, el año que registró el número más elevado de reclusos desde 2009, cuando hubo 62.

Ofrece también en su respuesta datos sobre los internos por delitos comunes que han mostrado indicios de radicalización, han llamado la atención por actividades de captación o han pertenecido a organizaciones terroristas de inspiración islámica.

El total de encarcelados por esas conductas se situó en 125 en 2018, al igual que en 2015, que supone la cantidad más alta desde 2011, cuando eran 71.

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