La limpieza del escrutinio electoral y la rapidez con la que se comunican los resultados a la opinión pública han sido durante cuarenta años dos puntos fuertes de la democracia española. El gran número de rectificaciones y de recursos que se han producido tras el 28-M no desmiente la solidez de un sistema tutelado por el poder judicial a través de las juntas electorales, pero sí indica que hay que estar atentos a los errores y mejorar los sistemas de recogida de datos.

En estos días posteriores a la jornada electoral del domingo se están registrando más rectificaciones de los resultados provisionales y más recursos de lo que ha sido habitual en otras consultas. No obstante, no cabe ver en ello ningún tipo de manipulación. Precisamente, son las juntas electorales, que están facultadas para resolver las alegaciones antes de dar por definitivos los resultados, las que garantizan la limpieza de un procedimiento electoral que ha funcionado con precisión, desde el primer momento y con muy pocas excepciones relevantes, durante cuatro décadas. Todo parece indicar que una parte importante de los desajustes registrados podría deberse a fallos en la recogida y el tratamiento de los datos por parte de la empresa encargada del escrutinio provisional. Un factor que habrá que tener muy en cuenta en sucesivas convocatorias para que no vuelva a darse. Por otra parte, pequeños errores de las mesas, que son inevitables, podrían tener en esta ocasión, dada la dispersión del voto, trascendencia a la hora de adjudicar puestos en los ayuntamientos o las diputaciones. Ese es el sentido de la revisión de las actas de 800 mesas de Zaragoza capital que realizará hoy, a instancias de CHA, la Junta Electoral de Zona. La limpieza del escrutinio es un factor crítico en toda democracia y en España, afortunadamente, está garantizada y supervisada por el poder judicial. Hay que aceptar sus decisiones y prevenir en el futuro los fallos que se han detectado.