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Nacional

Avance de legislatura

ACTUALIZADA 26/05/2019 A LAS 02:00
Reunión de la Mesa del Congreso.
Reunión de la Mesa del Congreso.
Efe/Chema Moya

Era una decisión, pese a lo que dictaba el sentido común, que no iba a ser tan inmediata, ni tan sencilla de adoptar. Sin demasiadas dudas sobre que los diputados en prisión preventiva serían suspendidos, se hacía imprescindible ajustarse escrupulosamente a derecho y mantener todas las salvaguardas de un procedimiento que Europa podría cuestionar cuando el líder de ERC, Oriol Junqueras, tome posesión –si resulta elegido– en la Eurocámara. El doble interrogante, de ahí las idas y venidas entre el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso de los Diputados, se centraba en el debate sobre la necesidad de la concesión del suplicatorio por parte de la Cámara y en la condición automática de la suspensión. Un rifirrafe resumido en la elección del precepto jurídico y que, dependiendo de la decisión, también podía salvaguardar –mejor o peor– la imagen de la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Con el país inmerso en la recta final de la campaña electoral no era igual aplicar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Reglamento de la Cámara. La visualización del PSOE votando la suspensión, al igual que Unidas Podemos, que finalmente rechazó el informe de los letrados del Congreso al buscar un nuevo aplazamiento, suponía un incómodo arranque para una presidenta catalana que había accedido al cargo bajo la idea de rebajar las tensiones con los partidos secesionistas. Afectada por el encargo de Pedro Sánchez y reacia a liderar la inhabilitación, Batet generó una sensación de permisividad con el independentismo que no cuadraba con su nueva exigencia como tercera autoridad del Estado. La suspensión de los diputados que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo se terminó adoptando bajo una suerte de decisión intermedia, en la que los servicios jurídicos aseguraron que no cabía la aplicación del Reglamento de la Cámara y sí la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al interpretar que implícitamente así quedaba recogido en el auto enviado el pasado 14 de mayo por el Alto Tribunal al Congreso.

Pese a la suspensión, que no pérdida de su condición de diputados, la tranquilidad está lejos de llegar al Congreso. El independentismo, que con una estrategia cuidadosamente pautada está demostrando los mil y un recovecos de las normas, se muestra dispuesto a mantenerse en una escalada de provocación que incomode y friccione a los partidos. Su análisis es sencillo y se resume en un amargado «cuanto peor mejor» que busca descubrir alguna duda en la aplicación de la ley que permita acceder a los Tribunales europeos y demostrar que España sería un país con un déficit democrático en el que no se respetan derechos y libertades.

Queda ahora por resolver la cuestión, en absoluto menor, de la mayoría del Congreso. Suspendidos los políticos presos, la investidura de Pedro Sánchez, siempre y cuando Oriol Junqueras (quien ya ha señalado que entrega el acta), Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez no renuncien a sus cargos, quedaría rebajada hasta los 174 diputados en lugar de los 176 necesarios para convertir al líder socialista en presidente del Gobierno. Este recorte permitiría una investidura en primera vuelta sin apoyo independentista, ofreciendo un blanqueamiento de la figura de Sánchez.

La publicidad concedida a este episodio, en el que se han entremezclado los intereses de partido con los primeros pasos de la XIII Legislatura, debería invitarnos a reflexionar sobre las trampas tendidas por el independentismo. Exacerbar las tensiones entre los poderes del Estado, especialmente desde las mismas instituciones, no hace sino beneficiar a aquellos que buscan dañar la credibilidad del país. La unidad de los partidos constitucionalistas, imprescindible en situaciones tan complejas como es el desafío secesionista, exige priorizar el interés general por encima del interés particular.

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