Legitimidades

Hay una tendencia a perfeccionar el control del Legislativo sobre la política exterior cuya dirección compete al Ejecutivo. Desde 1989 y hasta 1999 la participación de las Fuerzas Armadas españolas en misiones militares internacionales discurrió en el marco de la normalidad y legalidad internacionales. Con la crisis de Kosovo (1999), no obstante, afloraron las primeras turbulencias que terminaron en la ruptura del consenso parlamentario con la intervención de Iraq (2003). En aras de evitar situaciones similares, la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, creó un mecanismo de control político de la oportunidad y normatividad de la participación de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior. Mediante la técnica de la autorización, el Legislativo participa en cierta medida con el Ejecutivo en la función de dirección de la política exterior del Estado. Ello redunda en una política exterior de mayor integración democrática y, por extensión, en un Derecho Internacional con mayor legitimidad.

Desde 2005 y hasta 2018, la práctica española nos muestra cómo las misiones militares se atuvieron tanto a la legalidad internacional como a la legalidad interna. En el caso de Libia, la única misión que ha requerido del uso de la fuerza en el post-Iraq, el respeto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la autorización del Parlamento ratifican que la participación española se acomodó a la legalidad internacional e interna. Este caso nos demuestra cómo desde los legislativos se terminan legitimando ciertas actuaciones de los ejecutivos.

Yolanda Gamarra es catedrática de Derecho internacional público (Unizar)