Quiero dejar constancia expresa de mi agradecimiento a cuantos han hecho posible la concesión del Premio Aragón 2019. Al jurado que me lo ha otorgado por entender de modo unánime que en mi persona concurrían unas determinadas condiciones, encarnadas en el compromiso cívico y la defensa de los valores constitucionales. Pero especialmente al Gobierno de Aragón, del que partió la propuesta, encabezado por su presidente, Javier Lambán, a quien respeto y admiro por su bonhomía y por su defensa militante de la España constitucional y democrática. Soy consciente de que mis orígenes aragoneses, de la villa turolense de Alcorisa por más señas, y mi trayectoria profesional en el mundo de la Justicia han sido determinantes para recibir este excepcional reconocimiento.

Todo el que me conoce sabe que me siento enormemente orgulloso de haber nacido en esta comunidad histórica que es Aragón, una tierra forjada a lo largo de la historia en el respeto a los fueros, y en los valores de la tolerancia, la concordia, el entendimiento, el hermanamiento y la solidaridad; una tierra que ha convertido en seña de identidad su decisiva contribución a la construcción de la España que conocemos.

Pero no ha sido menos importante a estos efectos mi condición de fiscal, profesión que comparten conmigo tres de mis familiares directos. Formo parte de una institución que ha sido diseñada como una pieza clave de la arquitectura constitucional del Estado de derecho. Una magistratura postulante que día a día, a través de los dos mil quinientos fiscales que la componen, hace realidad -como proclama el art. 124 de nuestra carta constitucional- la promoción de la justicia, la defensa de la legalidad y la tutela de los derechos de los ciudadanos; una institución que reivindica como eje fundamental de su función la defensa de los valores constitucionales.

En pocas palabras, el Fiscal es el primer defensor de la sociedad y el primer garante de los derechos y libertades que la Constitución proclama, especialmente los de las víctimas, los de los menores y los de los colectivos sociales más desfavorecidos.

La sociedad debe saber que el Fiscal actúa siempre bajo el sacrosanto imperio de la ley, cuyo cumplimiento es la clave de bóveda de una democracia parlamentaria. Como recordaba Su Majestad Felipe VI hace unas pocas semanas -con motivo de un encuentro internacional de juristas- no hay democracia sin respeto a la ley. Esto es así porque la esencia de la democracia radica en la sujeción a la ley, en el sometimiento de todos, ciudadanos y muy singularmente los poderes públicos, a las leyes democráticamente aprobadas. Ese es el auténtico principio democrático, un principio que se sustenta en la idea de que en un Estado de derecho la ley es la expresión democrática de la voluntad popular, y el instrumento nuclear que garantiza una convivencia ordenada y pacífica en la que se respeten los derechos y libertades de todos. La supremacía de la voluntad popular sobre la ley y al margen de la ley está en el origen de funestas experiencias históricas bien conocidas.

Como miembro de esta institución, a lo largo de los más de 37 años de dedicación exclusiva al servicio público de la justicia, siempre he considerado que la defensa de la Constitución como marco jurídico básico de nuestra convivencia y de nuestras libertades, aprobada mayoritariamente en 1978 por el conjunto de la sociedad española, y el compromiso con los valores de la España constitucional eran las premisas imprescindibles que debían guiar nuestra actuación. Así lo he intentado siempre. Desde mi primer destino en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en unos años especialmente duros por la continua actuación criminal de la banda terrorista ETA, hasta el actual destino en la Fiscalía del Tribunal Supremo en un momento en que la justicia penal ha tenido que responder al desafío más grave contra el orden constitucional de la reciente etapa democrática.

El paso por la Fiscalía Especial Antidroga, y mi desempeño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, un puesto clave en la lucha contra el terrorismo de ETA y contra el terrorismo yihadista, fueron experiencias tan intensas como valiosas, especialmente mi participación en el juicio por los atentados del 11-M.

En los años venideros veremos a un Ministerio Público todavía más comprometido, si cabe, con la defensa de la legalidad y de los derechos de la ciudadanía, asumiendo la dirección de las investigaciones penales y potenciando su papel de garante de las libertades. Es el rumbo inequívoco de los tiempos que vivimos.

Javier Zaragoza Aguado es fiscal del Tribunal Supremo y premio Aragón 2019