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Los científicos piden un pacto de Estado y una inversión creciente y sostenida

Llegar a destinar a la investigación un porcentaje del PIB similar al que dedican las economías europeas es el sueño de todo científico. Y un pacto de Estado que garantice no estar al albur de los vaivenes políticos y dé estabilidad a los laboratorios, es la base de ese sueño.

Uno de los laboratorios de los centros de FP del Grupo San Valero.
Grupo San Valero

¿Qué piden los investigadores y científicos aragoneses al nuevo gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril? De forma resumida, consideran que lo más necesario para poder seguir haciendo su trabajo es un pacto de Estado que permita una planificación sin sobresaltos ni improvisaciones y una inversión sostenida y, a ser posible, creciente de los recursos.

En suma, una decida apuesta financiera que contemple la elaboración de un calendario que permita una proyección temporal de las investigaciones, sin altibajos. Con este compromiso, entienden que será mucho más fácil la contratación a largo plazo de jóvenes investigadores y se paliará, al menos, la situación de precariedad en la que muchos de ellos se encuentran en este momento, dependido de becas y de proyectos anuales que no siempre se convocan o que salen tarde y sin previsión definida.

Otro de los aspectos en el que todos coinciden es en la petición de una mayor flexibilidad normativa. La nueva Ley de Contratos les está generando muchos quebraderos de cabeza. Llevan meses insistiendo, y ahora lo reiteran, que esta norma los está asfixiando “Los científicos –recuerda Luis Miguel García Vinuesa, que fue hasta el pasado día 12 de abril vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza y es el número dos al Ayuntamiento de la ciudad por el PSOEnecesitan certidumbres, tanto económicas como de planificación, para saber cómo ordenar su investigación sin improvisaciones".

La media europea, un objetivo

Los máximos responsables de los grupos e institutos de investigación asentados en Aragón hacen suya esta reflexión. Todos ellos han recibido con los brazos abiertos tanto el Pacto por la Ciencia como la posterior Ley de la Ciencia. En ambos casos, el compromiso adquirido por todos los partidos con representación en las Cortes fue unánime. Una postura que garantiza que esté quien esté en el Gobierno autonómico los próximos años respetará los acuerdos alcanzados en esas dos normas, cuyos principales ejes son la estabilidad y la garantía de una financiación suficiente para permitir que la investigación aragonesa vaya convergiendo con la media nacional y la europea. Y lo mismo esperan del Gobierno central.

Hay que recordar que ahora esta ratio está lejos de esas medias. Los últimos datos apuntan a que Aragón destina el 0,9% de su PIB a investigación, cuando la media nacional ronda el 1,3% y en Europa, las economías más potentes, destinan el 2,1%, con el objetivo de llegar pronto al 3%.

El problema, apuntan los responsables de los grupos de investigación aragoneses, no es que la Comunidad y el país estén lejos de estas ratios, sino que en los años de crisis económica, en vez de converger hacia ellas, nos hemos alejado.

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