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  • Heraldo de Aragón

Ecuador de campaña

Elecciones Generales 2011. Preparativos en el Colegio Gascon y Marin / foto: Jose Miguel Marco
Los españoles votarán el próximo 28 de abril.
José Miguel Marco

La política española cruza hoy el ecuador de la campaña para las elecciones generales del 28 de abril en un clima enrarecido por el predominio de los mensajes de descalificación del adversario, por la reiteración de reprobables actos de acoso contra determinados partidos y por la incógnita respecto a la celebración del debate o los debates televisados entre los principales candidatos. No son las claves más adecuadas para la formación de la voluntad de los electores.

La campaña electoral alcanza el ecuador dejando las insólitas imágenes de las ruedas de prensa que Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, dos de los principales responsables de la intentona secesionista en Cataluña y candidatos ahora de JxCat y ERC, han sido autorizados a ofrecer desde prisión. Autorización que se corresponde mal con ese Estado dictatorial que quieren falsamente pintar los separatistas. Pero más allá de la anécdota, lo cierto es que el desarrollo de este periodo preelectoral estará seguramente defraudando a muchos españoles que quisieran que la campaña fuese la ocasión para contrastar con racionalidad y serenidad proyectos e ideas. Por el contrario, lo que prevalece son los mensajes negativos y los ataques al adversario. Por añadidura, ayer volvió a repetirse el acoso violento que partidos como el PP y Ciudadanos vienen sufriendo en algunos de los actos que organizan en el País Vasco o en Cataluña. Situaciones que deben ser enérgicamente condenadas, que limitan arbitrariamente la libertad de expresión y cuya repetición no puede tolerarse. Entre tanto, siguen en el aire los debates televisados que estaban previstos para los días 22 y 23. La exclusión de Vox por imperativo legal no debería ser razón para que no se celebrasen y la obligación de la televisión pública es facilitar que así sea y no hacerlo imposible. En esto, los partidos tienen la inexcusable obligación de ponerse de acuerdo.

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