En toda democracia su calidad institucional tiene un indicador principal en el desempeño de la política (entendida como herramienta para mejorar la sociedad). Un buen ejemplo lo fueron aquellos políticos de las primeras elecciones democráticas de hace 40 años. La política, por tanto, se presenta como un elemento de primer orden, cuyo correcto ejercicio, desde las legítimas opciones ideológicas, exige respetar las reglas propias del ejercicio político (y, en su caso, del poder derivado del mismo).

Entre esas reglas se encuentra, por supuesto, la del respeto a la Ley, como norma que emana del pueblo, que no puede ser suplantada ni desplazada por argumentaciones que pongan el acento en la legitimas democrática para su contravención. La Ley es, 'per se', legitimidad democrática, por lo que cuestionar su respeto y cumplimiento, aunque no se comparta su contenido (en tanto no se modifique conforme a los trámites propios) no es una opción política (ni conforme a Derecho). Argumentar para ello la superioridad de principios como mandato del pueblo (en ocasiones se confunde el pueblo con una mayoría parlamentaria) o de la eficacia en la gestión de lo público pone en riesgo la propia esencia de la democracia. Y ello porque se pone en jaque un principio tan esencial como el de la seguridad jurídica, sin el que difícilmente se puede hablar de un Estado de Derecho.

Si preocupante es la manipulación del concepto Ley y su significado, no lo es menos la utilización de conceptos como ‘urgencia’ y ‘extraordinaria necesidad’ como ‘carro de supermercado’ donde cabe todo, lo que justifica la claramente indebida utilización de la técnica del Real Decreto Ley, pensada y regulada en nuestra Constitución como algo excepcional (como consecuencia del principio de separación de poderes) y que se ha convertido en lo ordinario en todo Consejo de Ministros. El fraude constitucional es evidente y el escenario derivado un indicador de grave riesgo de calidad democrática. A ello se ha sumado la reinterpretación del concepto de emergencia, vinculado a asuntos catastróficos o de grave peligro y que ha servido para no cumplir con la normativa de los contratos públicos en relación a la campaña electoral de este mes (alegando que el breve plazo desde que se convocaron es un grave peligro de que no se celebren) o para la construcción de infraestructuras en claro deterioro, cuando no ha existido mantenimiento ni adecuada planificación para su sustitución. Nuevamente la excusa de la necesaria eficacia de la gestión política pretende justificar estas prácticas, claramente peligrosas y que suponen una manipulación de los conceptos.

En este escenario, donde todo vale, nos encontramos también con más frecuencia de la debida con la falta de cumplimiento por gestores políticos de normas y principios esenciales anteponiendo para ello intereses personales (a veces camuflados de un interés colectivo) que quiebran el principio de igualdad. Situación que se justifica desde la indebida lógica de la ostentación del poder como único argumento principal olvidando la esencia y finalidad de ese poder.

Los conceptos de Ley, separación de poderes, seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas, entre otros, no pueden ser indebidamente aplicados por los políticos, pues tal opción supone negar la propia esencia de la política.

Olvidamos, en un preocupante contexto de hiperliderazgos políticos, donde, además de mucho ruido, hay poco espacio para el debate de ideas y análisis de problemas reales para una correcta solución (sirva como ejemplo el de la despoblación) hay que recordar que la democracia exige una política de altura, y no de gestos. Y que para ello no vale todo. Ni hay que aplaudir o avalar sin cuestionar la decisión (o ocurrencia) de nuestro líder, no vaya a suceder que nos pase lo mismo que el cuento del rey desnudo, cuya relectura recomendaría a todos los ciudadanos.

Por eso estas elecciones son tan importantes, y donde recordar la labor y ejemplo de los políticos municipales de hace 40 años, no solo es un gesto amable sino un escenario a comparar que deberíamos saber valorar.

José María Gimeno Feliu es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza