Existe un cierto consenso acerca de que la inversión en educación favorece a la sociedad en su conjunto, bien sea aumentando las potencialidades particulares de muchas personas que optimizan bastantes actos de su vida‒o reduciendo las desigualdades entre unas y otras, lo cual mejora el clima social y político y a la larga beneficia a toda la población. Además, el capital humano bien formado incrementa la competitividad de la economía y resulta rentable para las arcas públicas, que recuperan con creces lo invertido. Por eso, no es aventurado afirmar que sigue vigente aquella idea expresada por el exministro de Educación Ángel Gabilondo que proclamaba más de una vez que invertir en educación puede ser costoso, pero no hacerlo sale mucho más caro, no solo económicamente. Tras sucesivos cambios de gobierno, la realidad es que España dedicaba en 2015 (según datos recogidos en ‘Panorama de la educación 2018’ de la OCDE) un 3,1% del PIB a educación obligatoria, inferior a la media de la OCDE y de la UE22, y un 1,3% a educación terciaria, similar a las medias de ambos conjuntos de países. A estas cifras habrá que hacerles correcciones según territorios, pues las comunidades autónomas, que asumen más del 80% de los fondos públicos destinados a educación, difieren mucho en lo asignado por alumno, según ‘Diferencias educativas regionales 2000-2016. Condicionantes y resultados’, de la Fundación BBVA y el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas).

Además, aunque a veces haya ejemplos distorsionadores difícilmente comprensibles, si hay progresos en la formación colectiva se aprovechan de ella tanto los representantes políticos que son elegidos más atinadamente por ciudadanos más formados y se manejan mejor entre estos gestionando sus derechos y deberes‒ como las empresas ‒que disponen de una mano de obra más competente. Como resultado de todo este entramado, la sociedad avanzaría hacia modelos más justos, equitativos y eficientes, y podría competir en desarrollo y futuro con aquellos países que olvidaron que la educación es un tesoro acumulado.

Sin embargo estas conjeturas soportan ‘peros’: no todos los euros dedicados a la educación tienen parecido rédito social. Seguramente tienen razón quienes esto afirman, pero si así sucede habrá que incrementar su rendimiento empleándolos mejor, donde hacen más falta, y desechar de forma reflexiva actuaciones equivocadas. Comentamos esto porque empieza a reconocerse, aquí y en todo el mundo, que la pobreza y las diversas desigualdades van estrecha y recíprocamente ligadas a la educación. Así lo asegura el ‘Tercer informe sobre la desigualdad en España 2018’ de la Fundación Alternativas, dado a conocer recientemente. En la parte que habla de educación y pobreza, destaca la importancia del origen social en la maduración cognitiva -llega a provocar retrasos de más de un año de escolarización-‒y en el abandono escolar temprano -en este caso por la imposibilidad de inversión en la educación de los hijos y por la pérdida del posible salario que aportan a la unidad familiar-.

Los euros educativos tienen también su reverso. En él figuran los símbolos de la ética colectiva, el progreso repartido y el crecimiento individual, enmarcados por un aro de futuro. Algunos afirman que eso se consigue con leyes educativas que busquen la calidad y la equidad ante todo -educación temprana, más profesorado y mejor preparado, atención diferenciada, etc.- y aparten de sus objetivos principales la acumulación de contenidos curriculares. Otros avisan que la pobreza infantil es la que provoca cicatrices educativas que perduran toda la vida, junto con un desperdicio del talento colectivo. Un solo dato para reflexionar: a los 15 años, ha repetido el 53% de los estudiantes del tramo de ingresos más bajo, frente al 8% del más alto.

En España, en tiempos en los que los partidos políticos esgrimen sus armas electorales, nos gustaría que la educación sobrevolase el escenario dialéctico; aunque fuese rotulada en avioncitos de papel. Así es posible que llamase la atención y alguien reparase en que merece una cuidada dedicación ética en los acuerdos políticos del futuro y una mayor proporción en los futuros presupuestos, de hoy mismo y para siempre. Por ahora permanece silenciada en los mítines y propagandas.