El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha recomendado este miércoles al presidente catalán, Quim Torra, que retire los lazos amarillos de edificios de la Generalitat durante el periodo electoral y dé cumplimiento al requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC), ante lo que el presidente catalán estudia una alternativa simbólica.

La JEC, de hecho, se reunirá este jueves para hacer definitiva la retirada de lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos de la Generalitat y decidir si activa los tres escenarios previstos para ello: remitir el caso a la Fiscalía, abrir expediente a Torra e instar a los Mossos d'Esquadra a que quiten los símbolos.

Sin embargo, el posicionamiento del Síndic de Greuges, que Torra se comprometió a obedecer, puede hacer cambiar la situación en las próximas horas.

Según fuentes de diversas "conselleries", el resto de departamentos del Govern están pendientes de que Torra tome la iniciativa en este sentido, para empezar a retirar también en sus sedes la simbología vetada y sustituirla por otras alternativas que, según las fuentes consultadas, podría pasar por flores, adhesivos u otros elementos de color amarillo.

Ribó ha remitido a Torra un escrito en el que defiende la "plena libertad de expresión" en los edificios públicos, aunque durante "el periodo electoral" está "de acuerdo" con lo que dice la JEC.

Por ello, ha recomendado a Torra que retire los lazos, esteladas y otra simbología partidista solo durante el periodo electoral.

Torra ha "reiterado" que "no da ni dará ninguna orden como le había exigido la JEC", si bien ha señalado que "el Govern acordó el martes que, más allá de su voluntad política, se seguirán las recomendaciones de la Sindicatura de Greuges, manteniendo un respeto pleno a la libertad de expresión".

El Síndic ha desvelado que este documento ya estaba elaborado, de oficio, el pasado viernes, con las mismas conclusiones, y que Torra conocía su contenido porque tuvieron una conversación telefónica.

Pero ese día Ribó decidió no hacerlo público porque el president le pidió una serie de "clarificaciones", que se han resuelto finalmente este miércoles.

En concreto, las aclaraciones que pidió Torra eran dos: qué se entendía por periodo electoral y qué sucedía en el caso de edificios de la Generalitat gestionados por personal público o funcionario.

El Síndic ha clarificado que el periodo electoral es desde el momento de la convocatoria de los comicios hasta la finalización de la votación, y sobre los funcionarios ha indicado que, si bien tienen derecho a la libertad de expresión en su puesto de trabajo, la administración puede circunscribirlo a "determinados espacios del interior de la dependencia" para garantizar la coexistencia de este derecho y el de una "administración neutral".

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, explicó este martes martes que Torra "seguirá las recomendaciones" del Síndic "esté o no de acuerdo con su posicionamiento". Fuentes de la Generalitat han señalado que Torra ya estudia una alternativa simbólica a la simbología que la JEC exige retirar.

Este miércoles por la tarde, de la fachada del Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' junto a un lazo amarillo, aunque teóricamente en las próximas horas o a lo largo de la mañana de este jueves será retirada y sustituida por otro elemento de carácter simbólico.

En el pleno del Parlament, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha exigido a Torra que "no se esconda detrás del procesista mayor del reino, que es el Síndic de Greuges", y cumpla de inmediato el requerimiento de la JEC.

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha aplaudido la recomendación del Síndic, pero ha subrayado que Torra debería haber obedecido a la JEC desde el principio.

De hecho, una negativa de Torra a retirar esa simbología podría acarrear su inhabilitación si se le considerase responsable del delito de desobediencia ya apuntado por la JEC.

En concreto, el artículo 410 del Código Penal prevé "multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años" por el delito de desobediencia por parte de una autoridad pública a resoluciones judiciales.