Los jueces dirán, un mes de estos, qué procede hacer con los separatistas acusados de golpismo. Pero, se diga lo que se diga en el juicio, será difícil discutir cosas como que Puigdemont y Forcadell derogaron la Constitución Española al declarar existente, en un santiamén, la República independiente de Cataluña, de inmediato suspendida. Las interpretaciones de estos sucesos y sus efectos llegan a ser surrealistas. El consejero de Interior Joaquín Forn, hoy encausado, dio (Vilaweb) esta receta para evitar problemas: "Si se acepta la nueva realidad política no habrá colisión entre policías". Traducido: quien sostenga la legalidad constitucional causará una colisión entre policías, de los que diecisiete mil estaban a sus órdenes.

El terne Josep Rull, consejero de Ordenación territorial, comentó (elnacional.cat) el atraque de un buque con efectivos policiales con una descripción tan técnica como tratarse de una "presencia testosterónica que impedía las exportaciones portuarias" .

Cuixart y su Estado de derecho

El excitable Jordi Cuixart, tan hablador, era consciente de estar incurriendo en un grave delito y blasonaba de ello (El País): "Si de lo que nos acusa es de sedición, señor fiscal, tiene razón". De modo que puede considerársele espontáneamente confeso en cuanto a ese punto penal. El problema, en el caso concreto de este personaje, es cerciorarse de si sabe siempre lo que dice. En sus declaraciones ante el Tribunal Supremo ha asegurado, por ejemplo, que el Estado de Franco era un Estado de derecho. "No era social y democrático, pero sí de derecho". Esta idea cuixartiana aclara por qué él, y otros como él, son inmunes a toda argumentación que se les oponga en nombre del Estado de derecho (y de su anejo, el imperio de la ley basada en los derechos humanos). No es preciso entrar en la polimorfa disputa sobre qué es y qué no un Estado de derecho, antes y ahora. Ilustres pensadores (Kelsen) ponen el acento sobre todo en la supremacía de las normas según su rango jerárquico. Pero, en general, en nuestra cultura política, se niega esa condición a los estados en que la norma está sujeta al arbitrio de un jefe. O sea, que puede haber estados ‘legales’ que no merecen el nombre de lo que hoy se entiende por Estado de derecho.

No parece que Cuixart, el más ardoroso de los separatistas iluminados, conozca la ‘Lista de criterios del Estado de derecho’ (Consejo de Europa, Comisión de Venecia, 1990) o el Tratado de Lisboa (2007), en virtud del cual la Unión Europea investiga si las nuevas leyes polacas respetan la independencia del poder judicial.

El germen de la idea está ya en Aristóteles, llega a Locke y desemboca en Kant, pasando por Montesquieu: la ley debe primar sobre el soberano y los agentes del Estado han de sujetarse a ella. El sabio griego dejó dicho que "el gobierno de la ley es el preferible y quienes gobiernan deben ser sus guardianes y servidores". El Estado de derecho se basa en la supremacía de la ley sobre el gobernante, de modo que el ciudadano no esté sometido a ningún amo (Locke). Cuixart llama Estado de derecho al regido por un caudillo, investido por la gracia de Dios y con la prerrogativa de dirigir el Estado y su Gobierno en términos perpetuamente revocables a voluntad. Por inferencias así es razonable deducir que no hay, ni habrá, modo de convencer de nada a personas con tales mentalidad y creencias. Es algo que los gobernantes y políticos españoles han de tener en cuenta para trazarse los rumbos apropiados.

Votar no es delito, claro que no

Algo parecido, pero sin nada de la necia ingenuidad de Cuixart, puede deducirse de la insistencia de Oriol Junqueras en predicar ante el tribunal dos de sus axiomas favoritos, que encierran el falaz artificio de la ‘petitio principii’, un conocido círculo vicioso que los retóricos baratos usan ante públicos poco atentos. Ejemplos: ‘Dios existe porque lo dice la Biblia’. ‘Yo siempre digo la verdad porque nunca miento’. La modalidad Junqueras consiste en afirmar que existe"el derecho a decidir", con la adición (incongruente) de que "votar no es delito".

En efecto, votar raramente es delito y el derecho a decidir existe, genéricamente. Pero, en el mitin que Junqueras propinó a los togados (que no podían escapar de allí), sus asertos fueron doblemente falaces. Primero, porque nadie ha dicho que se delinca por votar, sino por ordenar ilegalmente que se vote. Segundo, porque defender el derecho a decidir, elude intencionadamente definir su contenido real, su alcance concreto, ya que no se precisan el qué, el quién, el cómo y el cuándo de la decisión.

Cuixart es hombre expansivo y engañosamente simpático. Junqueras es hombre engañosamente simpático y expansivo. Aquel ganaría un certamen de apostolado férvido. Este vencería en un concurso de sofistas. (Y, sin salir de la Sala Segunda: en el torneo de incompatibles con Nebrija triunfaría su paisano, el cualificado testigo José Ignacio Zoido).