El juicio al ‘procés’ empezará el 12 de febrero. La proximidad del inicio está siendo utilizada por el independentismo para intentar mantener viva la quimera de la secesión con movilizaciones y dañando la imagen de España. Pero no hay ninguna ambigüedad: este es un Estado de Derecho con una Justicia independiente y donde las personas juzgadas gozan de todas las garantías procesales. 

El Tribunal Supremo ha fijado la fecha de inicio de la vista oral que sentará en el banquillo a Oriol Junqueras y los otros 11 dirigentes independentistas a los que la Fiscalía acusa de rebelión, malversación y desobediencia. Una parte del bloque secesionista quieren convertir el juicio en un proceso político contra el tribunal, el sistema judicial y, por extensión, contra el Estado español. Ayer mismo, Joaquim Torra aseguró que lo único que han hecho los encausados es «dar la voz al pueblo de Cataluña». Miente, una vez más. Los ciudadanos de Cataluña, que gozan de autogobierno, ya han ejercido el voto en 35 elecciones plenamente democráticas desde 1977 y en tres referendos. Además, en ninguna cita con las urnas ha habido nunca una mayoría de votos favorable a la secesión.

El presidente de la Generalitat, además, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que vigile el juicio. Pero el Supremo ha ido más allá que él mismo en las medidas garantistas: «La Sala coincide plenamente con la defensa a la hora de subrayar la importancia de observadores que conviertan su presencia en un sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional. Precisamente por ello ha autorizado -superando así restricciones históricas todavía vigentes en la mayoría de los países de nuestro entorno- que las sesiones del juicio sean televisadas en directo». Todo ciudadano, nacional o internacional, podrá ser observador del desarrollo del juicio y de la imparcialidad del tribunal.