Hacer memoria

Estamos asistiendo a distintas y variadas celebraciones de los cuarenta años de nuestra Constitución. De la misma manera que cada uno de nosotros celebramos determinados hitos de nuestra vida, es lógico que también lo hagamos con la Carta Magna. Que cumpla cuarenta años es todo un récord, dado que en nuestro país no ha existido una norma democrática que haya pervivido tanto tiempo.

Conmemorar no debe significar única ni necesariamente celebrar. Significa, sobre todo, hacer memoria, recuperar lo transitado. Significa explicar y diagnosticar el presente, para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. Las celebraciones son interpretadas y valoradas de distinta manera por los distintos actores que en ellas intervienen. La generación que la aprobamos valoramos la importancia de la Constitución del 78, pues nos permitió pasar de una dictadura a una democracia y fuimos capaces de llevar adelante un compromiso con el país, con generosidad y responsabilidad, olvidándonos de las consignas de grupo. Algunos dirán que era tan claro y evidente el objetivo que era difícil no lograr el acuerdo: recuperar la democracia. Pero para lograrlo fue necesaria la renuncia, la cesión. Pero también supuso cambio, innovación y una nueva posibilidad para nuestro país. Una nueva forma de ver y entender la política. Supuso un consenso y el compromiso de trabajar conjuntamente para construir un país mejor. Nos homologó a nuestros vecinos europeos, nuestra referencia permanente en aquellos años.

El consenso, hemos de recordar, no fue fácil. Pienso que fue una salida modélica de una dictadura, lo que podríamos denominar como ruptura pactada, y de construcción de una economía social de mercado. Unos años más tarde superamos otros retos importantes: el ingreso en la Comunidad Económica Europea y la apertura al exterior. Todo ello lo acompañamos de una importante transformación social, en cuanto a valores y costumbres, que ha hecho que la España de hoy no tenga nada que ver con la de hace cuatro décadas.

Contamos con una Constitución y unas instituciones que funcionan; un Estado de bienestar, con problemas de sostenibilidad pero que produce resultados; una experiencia de gobernabilidad y rendimiento institucional, que han producido en poco tiempo una modernización indiscutible. No vivimos bajo la amenaza de involución o la resistencia de poderes fácticos no democráticos y tenemos la fortuna de haber doblegado al terrorismo interior. Estamos en la UE, la OTAN, formamos parte de alianzas internacionales comprometidas con la defensa de las libertades, el desarrollo y la paz mundial, por lo que somos reconocidos y respetados.

Contamos, por tanto, con un gran capital político a preservar, pero que nos sirve de palanca para afrontar los nuevos retos. Tenemos incertidumbres, como entonces, pero hoy son muy distintas, lo que no implica que no sean abordables ni superables. El resultado de todos estos retos evidencia la capacidad para el cambio de la sociedad española. Pero también es cierto que esta capacidad de la sociedad no se ha visto acompañada de la habilidad del sistema de partidos para dar cauce a la demanda de cambio político. ¿A qué se debe esa asimetría entre la capacidad para el cambio social y el quietismo político?

Una posible explicación sería que en los gobiernos de mayoría absoluta tienen algunas ventajas para gobernar el cambio económico, pero carecen de incentivos para la reforma política. Es decir, para introducir cambios en la estructura del poder. Nuestra actual situación política puede ayudar a plantear la reforma de la Constitución. Ciertamente que muchos la consideran intocable, quizá debido al momento histórico en que fue promulgada, tras una guerra civil y una dictadura. Ello ha conducido a petrificarla. Para ello, al igual que en la Transición, necesitamos élites que no han de ser ni más ni menos inteligentes.

Élites alentadas por idéntica generosidad y el mismo imperativo del acuerdo y del consenso por encima de la necesidad de competir ‘urbi et orbe’ o de recurrir al acoso y derribo del definido como ‘enemigo’ y, por lo tanto, sin vetos al que no es más que un conciudadano adversario o competidor. Defender hoy el pacto constitucional obliga a llevar a cabo la reforma política que necesita la sociedad española y que puede asumir.