Gibraltar y el patrioterismo

Iglesias Turrión, que quiere gobernar España, ignora en qué consiste el ‘caso Gibraltar’. Uno de sus más asiduos analistas españoles, Ángel Liberal, lo explica con esclarecedora sencillez: «Lo que le importa al Reino Unido (RU) de su colonia militar de Gibraltar es la base, con sus muelles para atraque de submarinos nucleares, sus instalaciones logísticas con túneles para misiles y munición, su aeródromo y sus instalaciones para la obtención de Inteligencia acústica submarina, de comunicaciones y electrónica; todo ello relacionado con el control del Estrecho que comparte con los EE. UU.».

Cabe añadir que Gibraltar es la mitad del asunto bélico. Hay dos bases más en la costa meridional chipriota, en las cuales Chipre carece de jurisdicción. Se llaman Acrotiri y Decelia. Cuando el descarado y voluble Iglesias habla de Gibraltar, ignora, o lo finge, todo esto. Dice estar dispuesto a defender los intereses de los trabajadores de la comarca campogibraltareña, pero no quiere apoyar «patrioterismos raros», lo que puede traducirse por un desistimiento en las exigencias de soberanía. Gibraltar le viene grande.

Quizá domine ya la convicción de que reclamar la jurisdicción sobre la colonia es una monserga tardofranquista o una exhibición de españolismo exaltado. Hay una especie de sospechoso silencio general en los partidos de más envergadura, con la dicha excepción de Podemos. Iglesias Turrión no comprende –captar el problema real requiere tedioso estudio y cuidadosa reflexión– que la población colonial importada a Gibraltar desde 1704 es el pretexto perfecto para que Londres convierta su ocupación abusiva de la zona y su conducta económica desleal en asunto de democrático respeto a los votantes.

Astucia británica

Quienes estudian la documentación interna de The Houses –espesas cuentas y largos balances para el ‘Parliament’– y siguen de cerca los movimientos del gabinete británico –en especial, los de Whitehall–, saben que la astucia británica ha logrado al fin que la gran base militar del Peñón tenga un bajísimo coste para el real erario. El fundamento del artificio es, como Iglesias Turrión tiene la obligación de saber, el trabajo de los españoles empleados en Gibraltar, cuyo alcalde –es lo que viene a ser Fabián Picardo– tiene la pomposa denominación de ministro principal. La localidad es, al mismo tiempo que un centro de finanzas y especulación, anomalía fiscal, lugar de peligroso reabastecimiento de combustible embarcado y sede de contrabandistas y negocios de apuestas, cuyas estadísticas turísticas incluyen, además, en la cuenta a los mediadores españoles –niños incluidos– que, varias veces cada día, hacen las tareas subrepticias de los tráficos ilícitos por tierra gracias al (des)control aduanero. El plan funciona y será perfecto si el quintacolumnismo español coopera en él.

Ignorar todo esto lleva a políticos como Iglesias Turrión a creer que los puestos de trabajo gibraltareños para españoles (unos diez mil) son lo primero; eso, exactamente, convierte a España y a esos españoles en rehenes de la política militarista de Londres.

El círculo vicioso solo podrá romperse en una ocasión como la que depara el presente divorcio entre el RU y la Unión Europea, pues dota a España de un suplemento de fuerza considerable. Pero en el palacio de Santa Cruz, en la Moncloa y en los despachos de los partidos más relevantes hay miedo a hablar de la base militar, de su control sobre el tránsito de naves y los cables submarinos y, en fin, de los abusos en la ocupación ilegítima del suelo español del istmo, de las aguas circundantes y del régimen del aeropuerto y la aduana terrestre, sin los cuales se pondría todo cuesta arriba para los abusones y los oportunistas.

No sirve que las Naciones Unidas sigan definiendo como territorio colonial (¡vergüenza!) el de la plaza de Gibraltar. Ningún líder significativo osa hablar de estos asuntos que para el jefe de Podemos entran en el saco del patrioterismo. Quizá con la excepción del alcalde de Algeciras, el lobi gibraltareño es fuerte en España: una red de alcaldes, sindicalistas y patronos aplauden los desahogos (a menudo despectivos) del ministro principal, que incluso ha llamado franquista a Pedro Sánchez. El apoyo de sus fieles españoles convierte esas efusiones picardianas en algo más que baladronadas. Es más barato ignorar estas vergüenzas.

Este ‘Territorio Británico de Ultramar’ deja, como su dueño, de pertenecer en marzo a la UE. Su futuro queda en manos de Madrid y Londres y en modo alguno debe España constituir a Gibraltar en tercera parte negociadora, como hizo el aciago ministro Moratinos en tiempos de Rodríguez Zapatero. Y otro error sería dejar dormir el asunto. Si Borrell tiene razón cuando dice que la ‘premier’ May «sabe lo que firmó», debería probar sin lugar a dudas que quien juega de farol no es Madrid, sino Picardo el principal.