Empieza a ser recurrente alegar que la calidad democrática exige suprimir la monarquía como forma de la Jefatura del Estado y sustituirla por una forma republicana. Se trata de una tesis que no soporta ningún análisis. La calidad democrática en ningún caso depende de la forma de la Jefatura del Estado. Hay monarquías democráticas y monarquías autoritarias. Pero en ningún caso la forma republicana garantiza no ya calidad democrática sino la democracia misma. El Chile de Pinochet era una República como lo era la Rusia soviética o el régimen genocida de los jemeres rojos. Más. De acuerdo con todos los estudios internacionales, los Estados con un mayor nivel de calidad democrática y mayor desarrollo social son monarquías. Desde Canadá a Australia pasando por Dinamarca, Holanda o Noruega. En todos estos Estados, como en algunas repúblicas, el papel de la Jefatura del Estado es meramente simbólico. Desde esa posición, alejada de cualquier ejercicio del poder, su carácter no electivo es indiferente para medir la calidad democrática de un Estado.

Sin embargo, a pesar de las evidencias, se sigue insistiendo en la importancia que para España tendría la sustitución de la monarquía por la forma republicana. Desde la reflexión anterior, entiendo que el objetivo de quienes sostienen esta tesis, no es mejorar la calidad democrática sino cambiar el sistema político. Derogar, por expresarlo con suavidad, el régimen de la Constitución de 1978 y proclamar una República fundacional que superaría los, según ellos, lastres franquistas de la Constitución y que, además, permitiría dar paso a una España plurinacional. Una tesis que tiene una triple dimensión que conviene explicitar. En primer lugar, recupera la dialéctica histórica de República como sinónimo de democracia, monarquía como homónimo de autoritarismo. No por casualidad, una de las grandes dialécticas históricas que superó la Constitución de 1978. En segundo lugar, saldaría la deuda contraída por la izquierda domesticada durante la transición. Un momento en el que, según quienes han defendido y defienden esta tesis, ni socialistas ni comunistas estuvieron a la altura de su responsabilidad y de su compromiso con la memoria. En tercer lugar, la dimensión más novedosa. La caída de la monarquía debería servir no ya para reformar el Estado, ni siquiera para introducir cambios sustanciales en su configuración. Sería la oportunidad de refundar, en puridad, de crear un nuevo Estado. La oportunidad de derribar la no por vieja menor ficción de España Estado Nación para sustituirlo por un Estado confederal resultado del libre ejercicio del derecho de autodeterminación por los distintos pueblos que hoy conviven en esa estructura estatal llamada España.

Así, el debate sobre la monarquía adquiere una transcendencia extraordinaria. No es un debate, lo que ya sería relevante, sobre la forma de la Jefatura del Estado. No es exagerar decir que, en realidad, no es la monarquía lo que se pone en juego. Más. Ni siquiera el sistema político diseñado por el constituyente de 1978. Lo que está en juego es la propia concepción de España como Estado. Debe saberse. Quienes defienden el final de la monarquía no ocultan sus objetivos ni los valores que se encuentran anudados a la misma en la Constitución de 1978. Su posición, por supuesto, es legítima. Pero quienes entienden que el sistema político derivado de la Constitución de 1978 fue no sólo el mejor de los posibles, sino una verdadera revolución democrática y social transformadora de nuestra vida en común, deben reaccionar. Quienes entienden que España es una vieja nación que, más allá de la riqueza que le aporta la diversidad, es un proyecto de ser en común, un proyecto de derechos y libertades, igualdad y solidaridad que sólo es posible materializar desde la idea de nación común, deben reaccionar.

La monarquía en España no es sólo la forma de la Jefatura del Estado. Es el símbolo del acuerdo histórico entre los ciudadanos de este país que hizo posible lo que hoy puede calificarse como mejor tiempo de la historia moderna de España. Cuestionar la monarquía es cuestionar lo que representa. Muchas cosas. Por encima de todas, la voluntad de concordia que necesariamente subyace en todo Estado como comunidad política y social.

José Tudela es profesor de Derecho.