Errar el tiro

Un aforado no es un sujeto inmune a la jurisdicción, sino alguien que es juzgado por un órgano judicial distinto al que le juzgaría a usted, o a mí. Muchos piensan que cuando el procesado es un político, el aforamiento es una prerrogativa a su servicio y, por ello, un privilegio inaceptable. Pero el aforamiento, lejos de ello, es una garantía de la independencia judicial, ya que algunos tribunales, como el Tribunal Supremo, soportan mejor las presiones externas en los procesos más mediáticos, como son precisamente los que afectan a los dirigentes públicos.

Hay quien ve con recelo el aforamiento de los políticos porque cree que en determinados órganos judiciales cabe cierta inmisión política, debido al -politizado- sistema previsto para su elección. Pues bien, a pesar de que lo más lógico sería centrarnos en desactivar estas sospechas de politización, varios partidos han decidido recorrer el camino diametralmente opuesto: suprimir o limitar aforamientos e incrementar su capacidad de decisión en el ámbito judicial.

Esta manera de proceder debilita por partida doble un poder esencial del Estado en un momento muy convulso para nuestra democracia. Hoy, la judicatura está plenamente comprometida con la Constitución y la libertad, y cualquier intento de politizarla solo la deslegitima. Esforcémonos en minimizar las intromisiones partidistas en el poder judicial y quizás descubramos que el aforamiento no era un problema para la calidad de la democracia, sino una de sus garantías.

Pablo Guerrero Vázquez es profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Zaragoza