La ministra de Justicia, Dolores Delgado, que vio el lunes cómo saltaba por los aires el pacto que había negociado durante meses con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido reprobada hoy por el Congreso a iniciativa del mismo grupo con el que había llegado a ese acuerdo.

En menos de seis meses al frente del Ministerio de Justicia, Delgado ha sido ya reprobada por ambas cámaras, una censura a la que se suma la petición expresa que hizo el Congreso en octubre para que dimitiera o fuera destituida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El PP ha sido el inductor de todas esas iniciativas y ha contado siempre con el apoyo de Ciudadanos. Este jueves la reprobación ha salido adelante gracias a la abstención de ERC y Bildu, con lo que se ha resquebrajado el bloque que apoyó la moción de censura al anterior Gobierno y los socialistas no han contado con la mayoría suficiente para defender a su ministra en el pleno.

Los populares han ido acumulando cargos contra Delgado, aunque durante meses fue su interlocutora para fraguar un pacto en torno al CGPJ y no dieron el paso de romper el acuerdo hasta que el lunes Manuel Marchena, el magistrado elegido para presidir ese órgano y el Tribunal Supremo, renunció al puesto reivindicando su independencia.

Acusaron primero a Delgado de haber intentado abandonar al juez instructor del caso del "procés", Pablo Llarena, tras la demanda que presentaron en Bélgica los dirigentes independentistas huidos; le recriminaron después su relación con el excomisario José Manuel Villarejo; y la responsabilizan ahora de que la Abogacía del Estado sólo acusara de sedición a los procesados en el Tribunal Supremo.

La reprobación, que fue debatida este miércoles en el pleno y votada este jueves, llega después de la destitución del abogado del Estado responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista catalán, Edmundo Bal, que defendía, como la Fiscalía, el cargo de rebelión.

La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha vuelto a exigir en los pasillos de la Cámara el cese o la dimisión de Delgado y ha criticado la destitución de Bal, que cree que demuestra que el Gobierno de Sánchez está "arrodillado" ante el independentismo.

La causa del "procés" ha vuelto a cruzarse así en el debate político de la semana, marcado por el fracaso del pacto para renovar el CGPJ.

Fue el PP quien lo dio por roto, pero este jueves su líder, Pablo Casado, ha asegurado en la cadena SER que la causa "nuclear" de que el proceso fuera mal son las "rivalidades internas" en el Gobierno en cuanto al poder judicial.

Según ha apuntado, fue el Gobierno quien filtró el nombre de Marchena e "hirió de muerte" un acuerdo que comenzó a fraguarse antes de que él asumiera las riendas del PP y que había aceptado asumiendo el "desgaste electoral y de partido" que podía conllevar.

La propuesta del PP para modificar el sistema de elección del Consejo y que sean los jueces quienes designen a la mayoría de los vocales sigue sin ganar adeptos en el PSOE, aunque el juez y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sí ha apostado por dar más transparencia al proceso, con comparecencias de todos los candidatos y exposiciones de sus modelos para el poder judicial.

Se ha mostrado así a favor de un procedimiento de control previo "más exhaustivo" que las meras negociaciones entre partidos, pero ha dejado claro que no puede entender que "un órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado no esté sustentado en la soberanía popular", expresada en el Parlamento.

Sea cual sea el modelo que se consensúe finalmente, la ley en vigor marca que los veinte vocales del CGPJ -doce de extracción judicial y ocho juristas- deben ser elegidos por el Parlamento, por lo que es necesario el diálogo y el consenso, ha recordado la ministra de Defensa y también jueza, Margarita Robles.

El acuerdo parece, sin embargo, imposible antes del 4 de diciembre, cuando expira el mandato del actual CGPJ.

Vocales consultados por Efe no ocultan un cierto malestar por el modo en el que los partidos han gestionado la frustrada renovación del órgano de gobierno de los jueces, aunque recuerdan que los procesos de renovación han sido históricamente complicados. En 2006 la falta de acuerdo obligó a los entonces miembros del CGPJ a estar en funciones veinte meses.