Con luz y taquígrafos... por si fuera poco

Sigue siendo insultante que dos partidos designen, a la vista de todos, quién debe presidir el Tribunal Supremo y, en consecuencia, el poder judicial del Estado.

Hacer el chanchullo con luz y taquígrafos supone un plus de desvergüenza.
Hacer el chanchullo con luz y taquígrafos supone un plus de desvergüenza.
F. P.

Una abrumadora, grandísima mayoría de los jueces españoles actúan con visible y manifiesta independencia del poder ejecutivo. La prueba está en decenas de miles de actuaciones, instrucciones, autos y sentencias en las que, sin quedar a salvo de errores, se plasman decisiones que el gran público no llega a conocer. Sí, en cambio, las conocen miles de fiscales, abogados, procuradores, letrados (antes, secretarios) y, en fin, funcionarios administrativos que coadyuvan en la tarea de juzgados y tribunales: hay muchos testigos, demasiados, que impedirían, llegada la coyuntura, la corrupción general del sistema.

Con frecuencia, una mínima parte de esas labores complejas atrae la atención del público. Son casos de naturaleza alarmante o con protagonistas relevantes. Atañen a personalidades de la política, a famosos de cualquier naturaleza, como futbolistas o cantaoras, o a ciudadanos cuyo encausamiento sorprende al conjunto social, porque son familiares de los reyes o altos cargos policiales. Otras veces, la causa gana visibilidad porque el delito enjuiciado inspira horror, alarma o fuerte rechazo, al tratarse de asesinatos terroristas, o de pederastia, de violencia sexual en grupo, etc.

España ha visto entrar en prisión con condenas severas e infamantes a banqueros, grandes empresarios, generales y altos cargos que fueron del Estado, cuya relevancia e influencia dejan precisamente probada esa independencia del poder judicial, en su conjunto. Y se conocen también jueces expulsos de la carrera, por delinquir, y otros amonestados o sancionados por diversas razones.

No se sabe quién hizo la primera reclamación de luz y taquígrafos en la política española para referirse a la necesidad de pactar con limpieza. Usó la frase Antonio Maura, jactándose de que era cuanto necesitaba para gobernar. Hoy se llama transparencia.

No se trata de negociar en público, sino de explicar bien la negociación concluida, para que no quede duda de que se ha llevado a cabo sin incurrir en lo vergonzoso, por ilícito o ilegítimo. La sintética expresión servía para recriminar los tratos políticos urdidos bajo mano, en camarilla, en conciliábulos entre gentes, de la política y otra clase de poderes, peritas en el chanchullo y el negocio sucio del que se obtenía provecho indebido, personal, partidista, o de ambas clases. Lo que no era posible concebir -salvo por necedad o desvergüenza de los protagonistas- es que se hicieran con luz y taquígrafos, a pleno sol y con constancia cierta, negocios políticos vergonzosos, manifestándolos sin reparo.

Tejemaneje descarado

Esto es lo que acaba de suceder con el descarado tejemaneje que los dos mayores partidos españoles, el Socialista Obrero Español y el Popular, encarnados en dos mediocridades casi insoportables, como son la ministra Delgado y el exministro Catalá, sosias respectivos de Sánchez y Casado. Designan sin disimulo al futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial, cabeza visible del poder judicial del Estado. No lo han nombrado porque eso está fuera de su alcance legal. Pero el tongo ha sido publicado en momentos en que la Justicia anda revuelta y alterada. Lo de menos es si con ello, y de paso, se cambia al presidente de tal Sala o los antisistema entran al fin en este turbio juego de manipular el gobierno judicial. Con ser graves esas circunstancias concurrentes, lo ocurrido, por haberse hecho sin rebozo ni discreción, es una burla ostentosa al Estado derecho.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces españoles, que tal es la función del Consejo, es, por definición y a la vez, presidente del Tribunal Supremo. El Consejo tiene veinte miembros que cambian cada cinco años, todos a la vez, y eligen al doble presidente. Eso está próximo a suceder, pero aún no ha ocurrido y en ello reside lo más intolerable: ya se sabe quién será la cabeza del poder judicial sin que sus electores estén siquiera nombrados.

No caerá esa breva

Es un feo síntoma de degradación institucional dar por descontado que los miembros del Consejo no se atreverán a tomar otro camino. Se discute si el dedazo desvergonzado ha designado a un conservador o a un progresista o si todo se ha hecho para que la Sala de lo Penal esté presidida por alguien más proclive a condenar por sedición que por rebelión o para dar entrada a Podemos, etc. La desvergüenza mayor (que dos partidos... y pico digan al Poder Judicial: «¡Tú, calla!») pasa desapercibida.

Este suceso es mucho peor que un reproche formal del Tribunal de Estrasburgo o que la decisión de un tribunal regional alemán sobre las razones por las que se podría o no extraditar a Puigdemont y compañía. Lo hemos hecho nosotros solos, sin ayuda exterior. Y con luz y taquígrafos, para que nadie se llame a engaño.

No caerá la breva de que el Consejo se alce y elija a quien no estaba previsto. Gran cosa sería y un alivio para España.