Panorama educativo
El informe anual de la OCDE sobre educación señala fortalezas del sistema educativo español. Pero también pone de relieve sus peligrosos puntos débiles, como la escasa dotación presupuestaria o los efectos de la desigualdad social.
Como cada año, la OCDE resume en cifras la educación en los países que pertenecen a la organización. La lectura comparada del Informe Education at a Glance 2018, dado a conocer en septiembre, pinta un panorama diverso: permite hacer una lectura global y a la vez proporciona visiones particularizadas, comparativas. No solo los profesionales y responsables educativos necesitan analizarlo de forma pausada -se descarga fácilmente en Internet su versión en español- sino que la ciudadanía debería leerlo para tener una idea global de lo que allí se expone, para pensar si la educación figura entre las prioridades colectivas que su trascendencia exigiría, para opinar si se está de acuerdo o no con lo que se dice, y así compartir deseos y realidades sobre un asunto de tal importancia personal y social.
Sabemos que todo es opinable, que la radiografía que realiza la OCDE difícilmente se puede considerar como una caracterización exacta de la compleja España, pero es conveniente fijarse en varios indicadores que resalta, siquiera para aventurar si se está en el camino de resolver algunas de las carencias que desde siempre se han achacado a nuestro sistema educativo. Como datos positivos, el informe recoge las altas tasas de escolarización en educación infantil, o la graduación en educación terciaria -ambas por encima de la media de la UE-. También, la mayor cualificación de las mujeres, en tramos de edad cercanos a los 30 años, tanto en quienes superan la secundaria como en las titulaciones de licenciaturas o grados, en donde la diferencia porcentual de ellas es once puntos superior a los hombres.
Por lo que respecta a los recursos públicos empleados, el informe subraya que siguen bajando y que España figura en el tercio inferior de gasto por países en educación obligatoria en relación al PIB (2,7%), por debajo de la media de la UE. Pero también alude a la sociedad tan desigual que muestra, pues más de la mitad de los estudiantes de familias sin estudios superiores no los logran. El escenario es preocupante ya que el 43% de la población entre 25 y 64 años no alcanza siquiera un título en FP o Bachillerato; además, una tercera parte de los jóvenes de hoy ni siquiera llegan a esos tramos de formación. Es más, son demasiados los que dejan de estudiar después de la educación obligatoria: la tasa de abandono escolar ha mejorado mucho pero sigue siendo la mayor de la UE, casi el doble de la media. Por contra, se constata que en España siguen sobrando universitarios y faltan titulados en FP. Sin paliativos: España suspende en Formación Profesional.
Quedan lejos aquellos impulsos de hace unas décadas -último tercio del siglo pasado-, cuando la escuela era un ascensor social y muchos hijos de padres sin estudios obteníamos títulos universitarios. Hoy no sucede lo mismo: el nivel de instrucción alcanzado por los padres influye de forma determinante en el alcanzado por sus hijos e hijas, aun cuando casi la mitad de los estudiantes de universidad o FP disfrutan de algún tipo de ayuda pública. Esa sola circunstancia familiar, enfatizada varias veces en el informe, dibuja un mal panorama colectivo. Todas las cifras en conjunto exigen una gestión estratégica -llámese pacto o plan- hacia el futuro educativo en España, para conseguir un acuerdo social y político generoso, crítico y reflexivo, revisable y dotado de suficientes recursos para asegurar un escenario mucho más propicio que el actual a las generaciones futuras.
Los políticos no pueden seguir cerrando los ojos para no ver el horizonte que se plantea en un mundo cada vez más competitivo y con resistentes desigualdades, también en España; el informe les da algunas pistas. Tienen que empezar a trabajar sin dilación y con compromiso para dar consistencia a una doble necesidad: saber qué hay que enseñar y hacia dónde se debe orientar la educación. Esta ha de quedar al margen de las luchas políticas y pasar a ser una permanente encomienda de Estado. A pesar del salto democrático de hace cuatro décadas, llevamos muchos años perdidos en batallas partidistas. ¡A ver qué nos dicen y prometen en las cercanas campañas electorales! Los ciudadanos debemos llamarles la atención si se desvían del objetivo común, que es el bienestar social compartido en clave de futuro; nuestros hijos y nietos lo merecen.
