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Nacional

Polémica por los 'emails' en los que algunos jueces llamaban nazis a los independentistas

Mientras tanto, el conseller Ernest Maragall ha chocado con la ministra Meritxell Batet en relación a la Fiscalía y el 1-O.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
Efe

El presidente catalán, Quim Torra, ha exigido hoy la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por los correos de jueces críticos con el "procés", mientras que el conseller Ernest Maragall ha polemizado con la ministra Meritxell Batet en torno al papel de la Fiscalía y el 1-O.

En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Torra ha salido al paso de las informaciones publicadas por los medios digitales eldiario.es y El Món, según las cuales miembros de la magistratura, en correos corporativos en torno al 1-O, comparaban la situación en Cataluña con el nazismo y se mostraban críticos hacia los responsables del Govern.

Torra ha reclamado "abrir una investigación para determinar los autores de los mensajes e identificar en qué procedimientos judiciales han participado" y ha instado a la Fiscalía General del Estado a "iniciar una investigación para depurar las responsabilidades penales que puedan tener los autores de los mensajes".

Según Torra, "las conversaciones entre algunos jueces publicadas en un foro del CGPJ atentan contra los principios más básicos" que deben inspirar a la justicia y constituyen "unos hechos de una gravedad extraordinaria, que demuestran la ausencia de independencia de un amplio sector del poder judicial español".

Además de exigir la "dimisión inmediata" de Lesmes y la puesta en libertad de "todas las personas que están injustamente encarceladas y el retorno de los exiliados, así como la anulación de todas las instrucciones de juzgados y tribunales en relación con el proceso" independentista, Torra ha encargado un "informe jurídico" para estudiar las acciones a emprender.

"Hoy mismo hablaré con el presidente Pedro Sánchez para pedirle una actuación inmediata y contundente, y que se asuman todas las responsabilidades que haya que asumir por este asunto", que, según ha denunciado, "cuestiona los cimientos de cualquier Estado democrático y de derecho".

Al hilo de ello, la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, ha anunciado que va a contactar con "todos" los partidos españoles para proponerles celebrar una "cumbre" sobre Cataluña, a raíz de la publicación de los correos de jueces críticos con el proceso soberanista.

Desde el Parlament, el portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha solicitado la comparecencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, por esos "chats de taberna" con "tics franquistas".

En cambio, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha considerado que los correos son "conversaciones entre demócratas preocupados por el incumplimiento" de la Constitución y las leyes y las ha enmarcado dentro de la libertad de expresión.

Mientras tanto, el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, ha protagonizado una polémica con la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, quien le dijo, según ha asegurado en declaraciones a Onda Cero, que el Gobierno podía "formular la política criminal" del Estado y dar "instrucciones" a la Fiscalía en la causa del proceso soberanista.

"El Gobierno del Estado me lo dijo directamente, nos lo dijo en la Comisión Bilateral cuando planteamos esta cuestión", ha dicho el conseller, en alusión a "formular la política criminal del Estado y trasladarla a los Fiscales para que la apliquen a la Fiscalía en su conjunto".

Inmediatamente, ha respondido Batet, que ha desmentido "rotundamente" haber dado instrucciones a la Fiscalía para que rebajara las acusaciones contra los líderes independentistas. La ministra ha asegurado que las declaraciones de Maragall son "absolutamente falsas" y le ha exigido que "lo aclare y rectifique sus propias palabras".

Batet ha afirmado que "tanto en público como en privado, todos y cada uno de los miembros de este Gobierno hemos dicho exactamente lo mismo: máximo respeto a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, entre otras cosas, porque es una autonomía garantizada constitucionalmente".

De hecho, en declaraciones a Efe, Quim Torra ha subrayado que nunca ha trasladado a Sánchez que dé instrucciones a la Fiscalía para modificar la calificación del delito de rebelión en torno al 1-O.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, ha anunciado que su partido ha solicitado la comparecencia en el Parlament de Maragall para que dé explicaciones sobre el "pacto oculto" con el Gobierno de Sánchez respecto a la causa del proceso soberanista.

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