El curso político parece que ha comenzado. Es de agradecer y una obligación de los políticos que, después de un verano dominado por la tiranía de los lazos amarillos del independentismo en Cataluña y la exhumación de los restos de Franco, se empiece a hablar de lo que realmente preocupa a los ciudadanos. Y en el número uno de esas preocupaciones está el futuro del sistema público de pensiones. Por fin, todo el mundo admite que el sistema tiene un agujero estructural de muy difícil arreglo y menos si no se ponen ya manos a la obra para corregir las evidentes deficiencias. Es obvio que, en un sistema de reparto como el nuestro y de estructura piramidal, el hecho de que la pirámide esté invertida es un gran problema y el invierno demográfico, otro. No solo nacen muy pocos niños, sino que los mayores cada vez son más y viven más años.

Los hechos son: el agujero del sistema de pensiones ronda los 20.000 millones de euros, la recaudación anual está ahora mismo en máximo histórico y hay aún más de tres millones de trabajadores en paro. Y eso a pesar de que el 24 por ciento de las empresas asegura no encontrar personas cualificadas para determinados trabajos, lo que evidencia que no se está ofreciendo la formación que se demanda. Un asunto que sería para revisar, la formación profesional y la formación de los parados, en el que no se hace lo suficiente o prácticamente nada.

El caso es que en agosto han saltado las alarmas, porque el gasto en pensiones ha batido récord tras la subida aprobada en los Presupuestos y por el aumento del número de pensionistas.

El Gobierno y Podemos quieren subir aún más las pensiones y cargarlo a impuestos y a deuda, que está en el 100 por ciento del PIB. Obviamente, ninguna de las dos es una solución. Son nuevos parches para el cortísimo plazo. De nuevo una patada al balón, a la espera de que algún gobierno algún día quiera afrontar la realidad de que el sistema a largo plazo necesita reformas de calado, sin duda impopulares.