Proteger a los jueces

La ministra de Justicia asegura ahora que el Gobierno defenderá a Llarena «hasta las últimas consecuencias». Está bien que el Gobierno corrija el rumbo después de dar a entender que no asumiría la defensa del juez frente a la demanda interpuesta contra él por Puigdemont en Bélgica. No obstante, los constantes vaivenes del Ejecutivo en múltiples temas solo llaman a la sorpresa y la decepción

Carles Puigdemont, que en su cobarde huida a Bruselas forzó el encarcelamiento de sus compañeros independentista ante el evidente riesgo de fuga, ha presentado una demanda contra Pablo Llarena ante la Justicia belga con el objetivo propagandístico de arrojar dudas sobre el carácter democrático del Estado español. Inicialmente, el Gobierno se mostró ambiguo respecto a su defensa con dos argumentos: que correspondía ampararle en primer lugar al poder judicial, y, además, que el Ejecutivo no podía asumir «en ningún caso» la defensa del juez por los actos privados que se le atribuyen. Esta ambigüedad dio lugar a una intensa campaña de las asociaciones de jueces y de la oposición que terminó el pasado domingo, cuando desde Presidencia del Gobierno se anunció que asumirá la defensa de Llarena.

El Gobierno vuelve a acertar cuando rectifica. Si desde el primer momento hubiera hecho caso a sus servicios jurídicos se habría ahorrado el rapapolvo: aparecer primero como deudor de los independentistas para luego dar marcha atrás. Es más que evidente que el Ejecutivo, este y cualquier otro, está obligado a proteger la jurisdicción española y a sus magistrados. En consecuencia, hubiera sido deseable que el Ministerio de Justicia no se hubiera manifestado tan tibio en un primer momento. Su actitud resultó incomprensible, a no ser que pretendiese agradar a los secesionistas. Además, generó innecesariamente tensión tanto con los partidos de la oposición como con las principales asociaciones de jueces y fiscales.