Pedro Sánchez renuncia, porque bordeaba la inconstitucionlidad, a imponer otro decreto ley y promueve una ley para dar al Congreso la capacidad de levantar el veto del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, si esta cámara rechaza el objetivo de déficit del Gobierno. Pretende aprobar unos presupuestos expansivos, pero corre el riesgo de eternizarse en la tramitación parlamentaria.

El PSOE y Unidos Podemos mantienen su objetivo de pactar unos Presupuestos del Estado para llegar fuertes a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Para ello, ambos grupos acordaron el pasado miércoles cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la idea de arrebatar al PP la capacidad de tumbar en el Senado la senda de déficit. Las prisas les llevaron a decantarse el jueves por utilizar la vía del decreto ley, por ser la fórmula jurídica más rápida. Sin embargo, escuchadas las opiniones de los expertos que alertaban de un posible fraude de ley, Sánchez se vio obligado ayer a acudir a la vía ordinaria de presentar, a través del grupo socialista, una proposición de ley con apoyo de Podemos, ERC y Compromís.

Esta estrategia PSOE-Podemos ha estado, pues, a punto de generar otro caso de abuso de la fórmula del decreto ley. Pero una vez advertida su imposibilidad, se han resignado a tramitar una reforma de la ley. El problema de abrir ahora esta vía ordinaria es que la tramitación parlamentaria puede durar muchos meses. Ello impedirá presentar los Presupuestos en plazo (antes del 30 de septiembre) y aprobarlos definitivamente antes de acabar 2018. Es más, lo previsible es que las Cuentas del Estado no estén cerradas hasta bien entrado el año 2019. De este modo, Pedro Sánchez y su Gobierno chocan de nuevo con los límites de lo que pueden y no pueden hacer a causa de su notable debilidad tanto en el Congreso como en el Senado.